Una jueza federal anuló este viernes una orden ejecutiva del presidente Donald Trump que buscaba imponer la presentación de documentos de ciudadanía –como pasaporte o identificación oficial– para inscribirse en el registro federal de votantes.
La magistrada Colleen Kollar-Kotelly, del tribunal de distrito de Washington, falló que el mandatario carece de autoridad legal para establecer dicho requisito, ya que la competencia sobre las normas de registro electoral corresponde constitucionalmente a los estados y al Congreso.
Fundamento jurídico del fallo
En su decisión, la jueza determinó que la medida:
- Viola el principio de separación de poderes
- Pretende modificar unilateralmente la legislación electoral vigente
- Excede las atribuciones del poder ejecutivo
Contexto político y reacciones
La orden ejecutiva formaba parte de una iniciativa más amplia de Trump, quien ha insistido repetidamente –sin presentar pruebas– que "personas no estadounidenses votan ilegalmente" en elecciones nacionales. Sin embargo, registros oficiales y estudios independientes confirman que estos casos son extremadamente raros en el sistema electoral estadounidense.
El fallo fue celebrado por organizaciones demócratas y de derechos civiles, que impulsaron la demanda al considerar la medida como un intento de restringir el acceso al voto y afectar desproporcionadamente a comunidades vulnerables.
La resolución se produce después de que la misma jueza emitiera previamente una medida cautelar temporal. La decisión representa un nuevo revés judicial para la Casa Blanca, que podría optar por apelar el veredicto ante instancias superiores.
