La decisión de Boasberg obliga a la administración a costear el viaje de retorno y garantizar el debido proceso a más de 130 migrantes que fueron recluidos en el CECOT sin acceso a audiencias justas
Washington. – En un golpe directo a la política de deportaciones exprés del presidente Donald Trump, un juez federal ordenó este jueves a su administración facilitar el regreso a Estados Unidos de decenas de venezolanos que fueron expulsados en 2025 hacia una prisión de máxima seguridad en El Salvador, para que puedan retomar sus procesos migratorios si así lo desean.
La orden: pasajes pagados y documentos en regla
El juez James Boasberg, del Distrito de Columbia, determinó que el gobierno debe:
- Permitir la entrada a EE.UU. de cualquier venezolano del grupo de más de 130 personas recluidas durante cuatro meses en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT) a partir de marzo de 2025.
- Costear los pasajes aéreos y proporcionar la documentación necesaria para el viaje de retorno.
- Poner a los retornados bajo custodia migratoria a su llegada, para continuar sus procesos con las debidas garantías.
El argumento de fondo: debido proceso violado
Boasberg, quien ya había sido blanco de críticas por parte de Trump, fue contundente en su fallo:
"Esta situación nunca se habría presentado si el Gobierno hubiera reconocido a los demandantes sus derechos constitucionales antes de deportarlos inicialmente" .
En diciembre pasado, el magistrado ya había dictaminado que la administración Trump negó el debido proceso a este grupo y que debía otorgarles la oportunidad de una audiencia. Ahora, con la certificación de una demanda colectiva, se allana el camino para que todos los enviados al CECOT puedan impugnar su designación como "enemigos extranjeros" .
La polémica ley de 1798 y el fantasma del Tren de Aragua
Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 —un instrumento legal de tiempos de guerra— para justificar la expulsión masiva, acusando sin pruebas a los venezolanos de pertenecer al Tren de Aragua, una banda criminal transnacional designada como terrorista por EE.UU.
Los migrantes fueron enviados a El Salvador en marzo de 2025, recluidos en el CECOT y, en julio, trasladados a Venezuela como parte de un intercambio de prisioneros entre ambos gobiernos.
Las organizaciones que tumbaron el muro
La demanda fue presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Democracy Forward, que argumentaron:
- La deportación fue ilegal por carecer de debido proceso.
- El Salvador encarceló a los venezolanos a cambio de un pago por parte de EE.UU.
Un pulso que no termina: el caso Ábrego García
La Casa Blanca mantiene otro frente judicial abierto por el caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García, quien fue expulsado junto a los venezolanos y retornado a EE.UU. por orden judicial, en un precedente que ahora se extiende a este colectivo.
La justicia frena la deportación exprés
La decisión de Boasberg no solo obliga a Trump a retroceder en un caso concreto; sienta jurisprudencia sobre los límites del poder ejecutivo en materia migratoria. La Ley de 1798, concebida para tiempos de guerra, no puede ser utilizada como un comodín para vulnerar derechos constitucionales en pleno siglo XXI.
Los venezolanos del CECOT no son enemigos: son personas que pidieron protección y fueron silenciadas con un sello de goma. Este jueves, un juez les devolvió la voz. Y a Trump, un dolor de cabeza legal que está lejos de terminar.
