El presidente chileno anunció el comienzo de las obras en el Complejo Fronterizo Chacalluta, como parte de un ambicioso plan de seguridad que incluye barreras físicas y tecnológicas a lo largo de la frontera norte.
"Queremos construir un Chile soberano, un Chile que ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, el narcotráfico y el crimen organizado". Con estas palabras, el presidente de Chile, José Antonio Kast, dio inicio este lunes a los trabajos de excavación de la primera zanja en la frontera con Perú, cumpliendo así una de sus promesas de campaña más emblemáticas.
El mandatario ultraderechista, que asumió el cargo la semana pasada, supervisó personalmente el arranque de las obras en el Complejo Fronterizo Chacalluta, principal paso entre ambos países. La intervención consiste en una zanja de 30 kilómetros de longitud, con tres metros de ancho y otros tres de profundidad, que estará finalizada en un plazo de 90 días, según informaron fuentes oficiales.
Un sistema integral de control fronterizo
Kast explicó que esta medida no es un elemento aislado, sino el primer paso del denominado "Plan Escudo Fronterizo", una estrategia integral que combinará barreras físicas, tecnología avanzada y refuerzo humano. "Esto es solo el comienzo. Serán muchos kilómetros los que se bloquearán", advirtió el presidente, quien detalló que en los próximos meses se instalarán muros y vallas de seguridad de cinco metros de altura, cercos perimetrales electrificados, torres de vigilancia y radares térmicos.
El líder del Partido Republicano chileno, que gobierna en coalición con la derecha tradicional, no ocultó sus referentes internacionales: se declaró admirador de las políticas migratorias de Donald Trump y de las estrategias de seguridad implementadas por Nayib Bukele en El Salvador.
Cifras que respaldan la medida
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la población migrante en Chile se ha duplicado desde 2017 y representa actualmente más del 8% de los habitantes del país. De ellos, se estima que más de 330.000 personas se encuentran en situación irregular, en su mayoría de nacionalidad venezolana.
"Lo planteamos en campaña y hoy podemos decir que comenzamos a frenar esa inmigración irregular que en los últimos años trajo más de 180.000 personas a Chile", afirmó Kast, quien enumeró los efectos que, a su juicio, ha tenido este fenómeno sobre la población local: un sistema de salud desbordado, escuelas sin capacidad para acoger a más niños y dificultades crecientes para acceder a la vivienda.
Aunque los ingresos irregulares en la frontera norte se redujeron un 54% el año pasado respecto al máximo histórico de 2021 —cuando se registraron 56.000 casos—, el gobierno ha decidido endurecer las medidas de control, en línea con una tendencia que, según Kast, "distintas naciones están impulsando".
