Medida incluye recortes a programas de investigación y capacitación ejecutiva, en escalada de tensión por políticas universitarias.
En un movimiento sin precedentes, la administración Trump ordenó este martes a las agencias federales terminar todos los contratos vigentes con la Universidad de Harvard, valuados en US$100 millones, según confirmó un alto funcionario anónimo a The New York Times. La decisión profundiza el enfrentamiento del presidente con la institución académica más emblemática de EE. UU., acusándola de discriminación racial en admisiones, prácticas laborales sesgadas y falta de protección a estudiantes judíos ante el acoso.
Detalles de la medida
La Administración de Servicios Generales (GSA) instruyó a nueve agencias —incluidos el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y dependencias científicas— a identificar y cancelar contratos con Harvard, redirigiendo los fondos a otros proveedores. Entre los proyectos afectados destacan:
- Capacitación ejecutiva para funcionarios del DHS.
- Investigación sobre efectos en la salud de bebidas energéticas.
- Servicios de investigación para estudiantes de posgrado.
Los contratos considerados «críticos» no se suspenderán de inmediato, pero deberán tener un plan de transición. La medida excluye subvenciones federales, aunque la Casa Blanca ya retiró US$2,600 millones en fondos de investigación desde abril.
Contexto de la disputa
El conflicto estalló el 21 de abril, cuando Harvard demandó al gobierno por exigir cambios en su liderazgo, políticas de admisión y gobernanza. La administración respondió recortando financiamiento, limitando matrículas de extranjeros y amenazando su exención fiscal. La semana pasada, el DHS revocó la capacidad de Harvard para inscribir nuevos estudiantes internacionales, afectando a miles y poniendo en riesgo un flujo anual de US$500 millones.
Trump arremete en redes sociales
El presidente vinculó su ofensiva a narrativas sobre seguridad nacional. «Entre los estudiantes extranjeros hay lunáticos radicalizados y agitadores», afirmó en un post, exigiendo que Harvard entregue listas detalladas de alumnos internacionales —a pesar de que el gobierno ya tiene acceso a datos migratorios—. Acusó a la universidad de albergar a estudiantes de países «no favorables» a EE. UU. y prometió reasignar US$3,000 millones más a escuelas técnicas.
Harvard bajo presión
La Ivy League insiste en haber cumplido con entregar registros disciplinarios y de visas solicitados, pero el DHS calificó sus respuestas como «insuficientes». Mientras, la institución enfrenta un dilema: ceder a demandas percibidas como injerencia política o arriesgarse a más sanciones.
Implicaciones y próximos pasos
Analistas ven esta escalada como un intento de Trump de consolidar su base antes de las elecciones, enfatizando temas como control migratorio y soberanía educativa. Para Harvard, la pérdida de contratos federales —aunque menor frente a su dotación de US$53,000 millones— daña su reputación como socio gubernamental. El caso podría sentar un precedente para otras universidades en la mira de políticas similares.
Con ambos bandos atrincherados, la batalla entre la Casa Blanca y Harvard trasciende lo legal: es un símbolo de la guerra cultural en la educación estadounidense.
