Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, encabezadas por la ACLU, demandaron al gobierno de Donald Trump por una nueva política que limita el acceso de inmigrantes, incluso legales, a programas federales como Medicaid, SNAP y Head Start.
La medida —defendida por el secretario del HHS, Robert F. Kennedy Jr.— busca, según el Gobierno, proteger los recursos para ciudadanos estadounidenses y frenar los “incentivos a la inmigración ilegal”.
Sin embargo, la ACLU argumenta que esta reinterpretación de la ley de 1996 (PRWORA) contradice décadas de práctica legal y afecta directamente a más de 800,000 niños y familias vulnerables.
El caso fue llevado ante un tribunal federal en el estado de Washington.
