El Gobierno de Javier Milei modificó mediante un decreto de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDis) la denominación de los niveles de discapacidad intelectual, reemplazando términos médicos por palabras consideradas ofensivas y arcaicas. Según el Boletín Oficial del 14 de enero, las categorías “discapacidad intelectual leve, moderada, grave o profunda” fueron sustituidas por “idiota”, “imbécil” y “débil mental profundo, moderado o leve” para acceder a pensiones por invalidez.
La medida, que retoma clasificaciones en desuso desde hace décadas, fue calificada como “discriminatoria” y “un retroceso inadmisible” por organizaciones como el Foro Permanente Discapacidad, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Estas entidades exigieron la derogación urgente de la norma por violar la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (2008), que en Argentina tiene rango constitucional.
El decreto describe, por ejemplo, que un “idiota” es quien “no lee ni escribe, no controla esfínteres y no puede subsistir solo”, mientras que un “débil mental” solo “firma y tiene vocabulario simple”. La ANDis admitió este jueves el “error” de usar términos “discontinuados” tras la presión mediática y prometió modificarlos “siguiendo estándares médicos y normativos vigentes”.
La polémica se enmarca en el discurso público de Milei, quien frecuentemente usa insultos como “idiotas” o “mogólicos” contra críticos, rechazando lo que llama “eufemismos de la cultura woke”. Su gobierno defendió el cambio argumentando que los criterios anteriores eran “laxos” y facilitaban el fraude, aunque no presentó evidencias.
Organizaciones advierten que la medida estigmatiza a un colectivo ya vulnerable y contradice compromisos internacionales. La rectificación, aún sin fecha, será clave para restablecer protocolos alineados con los derechos humanos.
