La gobernadora Jenniffer González avaló este martes los operativos de deportación impulsados por el gobierno de Donald Trump en Puerto Rico, argumentando que la cooperación es "necesaria" para evitar la suspensión de ayudas federales claves para la reconstrucción y programas sociales. Su declaración se produjo tras una reunión en La Fortaleza con autoridades federales, donde se abordó el aumento de detenciones de migrantes irregulares, incluyendo dominicanos, colombianos y ciudadanos de al menos seis países.
Entre la cooperación y las críticas
González insistió en que las redadas se enfocan en extranjeros con antecedentes penales —el 44% de los fugitivos buscados en la isla, según datos oficiales—. No obstante, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos denuncian allanamientos sin órdenes judiciales y detenciones arbitrarias. José Rodríguez, del Comité Dominicano de Derechos Humanos, alertó sobre al menos dos casos con evidencias débiles que podrían derivar en demandas contra el ICE: «Están criminalizando a familias que huyen de crisis económicas», afirmó.
La tensión se agudiza en barrios como Santurce y Carolina, donde en 2024 ya se registraron 900 deportaciones. La población dominicana —la mayor comunidad migrante con 55,000 residentes— teme una "cacería de brujas" que desestabilice su integración.
Contradicciones y protocolos bajo la lupa
La gobernadora, quien en enero minimizó el impacto local de las políticas de Trump, ahora defiende su aplicación para "fortalecer la seguridad". Aseguró que su administración no participa directamente en las redadas, pero colabora en protocolos para manejar casos en hospitales, escuelas e iglesias. Paralelamente, el Departamento de Justicia local ordenó crear listas de testigos y víctimas de delitos sin estatus migratorio, aunque sin aclarar cómo se protegerá su integridad durante procesos legales.
Recursos vs. riesgos
González destacó que la alianza con el gobierno federal traerá más fondos para combatir el crimen, mientras Rebecca González Ramos, del HSI, advirtió que todo migrante debe portar documentos de residencia "para evitar detenciones". Sin embargo, organizaciones sociales cuestionan el costo humano: «¿Qué pasa con quienes llevan años contribuyendo a la economía sin papeles? Esto podría desatar una crisis», cuestionó un líder comunitario bajo anonimato.
Un equilibrio frágil
El caso expone el dilema de Puerto Rico: cumplir con Washington para asegurar recursos o proteger a una comunidad migrante que representa el 1.7% de su población. Mientras el gobierno insiste en que las deportaciones son selectivas, las imágenes de familias separadas y el silencio sobre mecanismos de protección alimentan la desconfianza.
Con la sombra de posibles demandas contra el ICE y la presión de grupos de derechos humanos, la implementación de estas políticas marcará no solo el futuro migratorio de la isla, sino también su relación con las comunidades que la habitan.
