La fundación neerlandesa Justicia para los Jugadores presentó el 4 de agosto una demanda histórica contra la FIFA y cinco federaciones nacionales —Alemania, Países Bajos, Francia, Dinamarca y Bélgica— en lo que podría convertirse en el mayor golpe legal al sistema de transferencias desde la famosa sentencia Bosman de 1995.
El caso se sustenta en el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), emitido en octubre de 2024, que declaró que ciertas normas del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencias de Jugadores (RETJ) vulneran derechos fundamentales de competencia y libertad de movimiento dentro del bloque comunitario.
La historia detrás de la demanda nace del llamado caso Diarra. El exmediocampista francés Lassana Diarra inició en 2014 una batalla legal tras negarse a entrenar con el Lokomotiv de Moscú por una reducción salarial. La FIFA y el Tribunal de Arbitraje Deportivo fallaron en su contra, obligándolo a pagar 10,5 millones de dólares de indemnización. La sanción bloqueó su fichaje por el Charleroi belga y lo dejó inactivo durante 15 meses, al retenerse su pase internacional.
Tras una década de litigios, Diarra logró que el TJUE concluyera que estas normas restringen de forma injusta la movilidad laboral de los jugadores, abriendo la puerta a reclamaciones masivas.
Según Justicia para los Jugadores, unos 100.000 futbolistas que hayan competido en la UE y Reino Unido desde 2002 podrían reclamar compensaciones, ya que habrían ganado “en promedio un 8% menos” por culpa de estas reglas. “El sistema favorece indebidamente a la FIFA, que concentra demasiado poder unilateral. En cualquier otra profesión, las personas pueden cambiar de trabajo voluntariamente”, denunció Lucia Melcherts, presidenta de la fundación.
La demanda actual es solo el primer paso. Si prospera, podría desmantelar un sistema de fichajes que mueve más de 10.000 millones de dólares al año y redefinir la relación laboral entre jugadores y clubes en toda Europa.
