El expresidente de Colombia, Iván Duque, salió en defensa del también exmandatario Álvaro Uribe Vélez, condenado el pasado viernes a 12 años de prisión domiciliaria por soborno de testigos y fraude procesal. Duque calificó el proceso judicial como “irregular” y denunció presuntas violaciones al debido proceso, apelando a la comunidad internacional para que actúe en favor de los derechos fundamentales.
En un comunicado conjunto firmado por 28 expresidentes miembros del Grupo Libertad y Democracia y el Grupo IDEA, se solicita la intervención de organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de la ONU, señalando una serie de anomalías procesales.
“Se han presentado irregularidades que van en contravía de tratados internacionales que protegen los derechos humanos. Interceptaciones ilegales, filtraciones selectivas y cambios abruptos en la postura de la Fiscalía General de la Nación son solo algunos de los elementos que afectan el debido proceso”, afirmó Duque en un mensaje publicado en redes sociales.
Reclamo internacional
El documento insta a que se ampare el derecho al debido proceso, se active el monitoreo internacional del caso, se adopten medidas de protección y se exija al Estado colombiano un informe detallado sobre los estándares aplicados en el juicio.
El grupo de expresidentes argumenta que el proceso judicial contra Uribe forma parte de un “patrón estructural” que podría sentar un precedente negativo para el sistema de justicia colombiano, por lo que llaman a la comunidad internacional a otorgar “prioridad” al caso.
El origen del caso
El caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció al senador Iván Cepeda por supuestamente fabricar testimonios en su contra sobre la relación entre el expresidente y el paramilitarismo en Antioquia. Sin embargo, las investigaciones concluyeron que Uribe y su defensa habrían intentado manipular testigos para incriminar a Cepeda, lo que revirtió las posiciones del caso: Cepeda fue reconocido como víctima, y Uribe pasó a ser investigado.
El fallo judicial que condenó a Uribe fue emitido por la jueza Sandra Liliana Heredia, e incluye además una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos y la inhabilitación por ocho años para ejercer cargos públicos. La defensa del exmandatario anunció que apelará la sentencia.
El caso ha sacudido el panorama político colombiano y ha generado reacciones tanto en el ámbito nacional como internacional. Mientras sectores celebran la sentencia como un ejercicio de justicia, otros, como Duque, cuestionan su legitimidad y piden una revisión internacional del proceso.
