España dejará de conceder o renovar las autorizaciones de residencia temporal por razones humanitarias —una vía que benefició mayoritariamente a ciudadanos venezolanos— a partir del 12 de junio, fecha en que entra en vigor en toda la Unión Europea el Pacto Europeo de Migración y Asilo. La medida se detalla en un oficio interno de la Dirección General de Protección Internacional del Ministerio del Interior español, que establece «un mecanismo de transición» para que quienes ya tienen este permiso puedan acceder a otras figuras contempladas en el reglamento de extranjería.
Este permiso humanitario fue creado en 2018 ante el elevado número de solicitudes de asilo de venezolanos y la baja tasa de reconocimiento del estatuto de refugiado, y ha permitido regularizar la situación de 240.000 ciudadanos de ese país en España. Solo en el último año, el Gobierno concedió 57.334 de estas autorizaciones, la mayoría a venezolanos. Sin embargo, con el nuevo marco europeo, el Ejecutivo dejará de otorgarlas porque, según el documento, «induce a confusión» que la autoridad responsable de la protección internacional pueda dar permisos por otros motivos tras una resolución desfavorable.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ya adelantó el pasado 1 de abril que los venezolanos podrán acogerse a la regularización extraordinaria puesta en marcha por el Gobierno una vez finalice esta vía, y luego a los mecanismos ordinarios del reglamento de extranjería. Para garantizar la transición, el real decreto de regularización extraordinaria de migrantes, en vigor desde el 16 de abril, modificó la normativa de extranjería para permitir que quienes tengan una residencia humanitaria puedan solicitar su cambio a otras autorizaciones de residencia y trabajo.
El informe anual de Seguridad Nacional 2025, presentado este miércoles, señala que durante el año pasado se produjo un fuerte aumento de solicitudes de protección internacional por parte de venezolanos: cerca de 85.600 frente a 66.700 en 2024, lo que representa el 60 % de todas las peticiones. Como factores de atracción, el informe cita «la concesión generalizada por España de la residencia por razones humanitarias» y el cambio en la política migratoria de Estados Unidos.
