La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes la prórroga número 45 del régimen de excepción implementado desde marzo de 2022, extendiendo esta medida hasta el 31 de diciembre de 2025. La decisión contó con el respaldo de 57 de los 60 diputados del oficialista partido Nuevas Ideas y sus aliados, manteniendo la suspensión de garantías constitucionales como pilar de la estrategia de seguridad del presidente Nayib Bukele.
Fundamento y alcance de la medida
El decreto legislativo justifica la extensión argumentando "la aún existencia de grupos terroristas" cuyas redes de apoyo "no han sido completamente desarticuladas". Bajo este marco se mantendrán suspendidos por 30 días adicionales:
- El derecho a la defensa de los detenidos
- La inviolabilidad de las telecomunicaciones
- La extensión del plazo de detención administrativa de 3 a 15 días
Contexto y resultados reportados
El régimen se implementó originalmente tras una ola de violencia en marzo de 2022 que dejó más de 80 homicidios en un fin de semana, episodio que según investigaciones periodísticas respondió a la ruptura de un pacto entre el gobierno y pandillas. Desde entonces:
- Se han realizado más de 90,000 detenciones por presunta vinculación con maras
- El gobierno afirma haber desarticulado operativamente a las pandillas
- La medida cuenta con alta aprobación ciudadana y facilitó la reelección de Bukele
Críticas y denuncias
Organizaciones de derechos humanos han documentado:
- Más de 6,400 denuncias por violaciones a derechos humanos
- Detenciones arbitrarias y casos de tortura
- Más de 400 fallecimientos de personas bajo custodia estatal, muchos con signos de violencia
La prolongación del régimen ocurre pese a los llamados internacionales para su derogación, reflejando la profundización de un modelo de seguridad que prioriza el control criminal sobre las garantías constitucionales, en un contexto donde la popularidad del gobierno se mantiene estrechamente vinculada a los resultados percibidos en materia de seguridad.
