MADRID. – El expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió este martes en el primer jefe del Ejecutivo de la democracia en ser imputado, en un contexto de múltiples casos de presunta corrupción que salpican al Partido Socialista (PSOE) y alcanzan a exministros, a la esposa del presidente Pedro Sánchez y a su propio hermano.
La imputación de Zapatero, junto a los casos abiertos contra el exministro José Luis Ábalos, Begoña Gómez y David Sánchez, dibuja el panorama más complejo para los socialistas en décadas, con la justicia escudriñando presuntas tramas de influencias, contratos irregulares y blanqueo.
Zapatero, investigado por el rescate a Plus Ultra
El juez de la Audiencia Nacional imputó el 19 de mayo a José Luis Rodríguez Zapatero (presidente entre 2004 y 2011) por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, en el marco del rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno en 2021 a la aerolínea Plus Ultra. Según el auto, existen indicios de que Zapatero actuó como «líder» de una trama que ejercía influencias ilícitas ante instancias públicas para obtener beneficios económicos en favor de terceros, principalmente la aerolínea.
El magistrado cifra en 1,9 millones de euros los presuntos beneficios que habrían recibido el exmandatario y su entorno, incluida la empresa de sus hijas, a través de distintas sociedades. La investigación también analiza un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al destino de los fondos del rescate.
Ábalos, pieza clave del «caso Koldo»
El exministro de Transportes (2020-2021) y exnúmero dos del PSOE, José Luis Ábalos, es investigado en el denominado «caso Koldo» por su presunto papel principal en una trama de adjudicación irregular de contratos públicos, especialmente de mascarillas durante la pandemia. El Tribunal Supremo aprecia indicios de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación. Según los autos, Ábalos se habría aprovechado de su condición de ministro para favorecer a empresas vinculadas al empresario Víctor de Aldama a cambio de beneficios económicos, entre ellos el pago del alquiler de una vivienda en Madrid para su expareja, el alquiler con opción a compra de un chalet y otras supuestas contraprestaciones.
Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, investigada desde 2024
Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, está siendo investigada judicialmente desde abril de 2024 a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias, vinculado a la ultraderecha. La Fiscalía ha solicitado repetidamente el archivo del caso. El juez Juan Carlos Peinado indaga si Gómez utilizó su condición de esposa del presidente para favorecer la adjudicación de contratos públicos al empresario Juan Carlos Barrabés, lo que encajaría en delitos de presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Además, la investigación se ha ampliado a su actividad al frente de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid, por la creación y registro de un software, con posibles delitos de apropiación indebida e intrusismo, y a un delito de presunta malversación relacionada con el nombramiento de su asesora en Moncloa, por un posible uso indebido de recursos públicos.
David Sánchez, el hermano del presidente, por contratación irregular
David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, es investigado por su presunta contratación irregular en la Diputación de Badajoz, donde ocupó puestos de coordinador de Actividades de los Conservatorios y de Artes Escénicas. La investigación, iniciada tras una denuncia también de Manos Limpias, analiza si en la creación y adjudicación de esa plaza se cometieron delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, específicamente si el puesto se creó a medida para él. La Fiscalía ha solicitado el archivo.
Otros casos y denuncias internas
En diciembre de 2025 fue detenida (y luego puesta en libertad condicional) la exmilitante socialista Leire Díez, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos vinculados a empresas públicas. Paralelamente, el PSOE ha tenido que hacer frente a diversas denuncias de acoso sexual y comportamientos machistas en sus filas, tanto en el Gobierno como en alcaldías y gobiernos regionales. El caso más destacado es el del exasesor de Presidencia Paco Salazar, después de que dos militantes denunciaran un ambiente laboral «irrespirable», con lenguaje hipersexualizado y conductas como simular felaciones o mostrarse con la bragueta bajada.
