Santo Domingo, República Dominicana.– El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, anunció este jueves que el Poder Ejecutivo someterá al Congreso Nacional un proyecto de ley con una estrategia de nuevos ingresos que busca captar entre 40,000 y 50,000 millones de pesos adicionales como respuesta a las presiones que la crisis internacional impone sobre las finanzas públicas. La iniciativa, denominada “Plan Anticrisis para la sostenibilidad y la protección de la población frente a la crisis global”, contiene medidas que fortalecen a las micro y pequeñas empresas y no modifica el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), ni su tasa ni su base.
Díaz expuso los alcances del proyecto, estructurado en cuatro dimensiones: medidas pro crecimiento, simplificación tributaria, combate a la evasión y consolidación fiscal. El funcionario afirmó que “República Dominicana ha demostrado que puede crecer más que la región. El desafío ahora es proteger lo construido, fortalecer nuestra estabilidad y garantizar oportunidades para las próximas generaciones”.
Medidas para grandes contribuyentes y nuevos impuestos selectivos
La principal medida de consolidación fiscal es una sobretasa de tres puntos porcentuales al Impuesto sobre la Renta (ISR) Empresarial, que se elevaría al 30% durante tres años, aplicable exclusivamente a los grandes contribuyentes con ingresos superiores a 1,000 millones de pesos anuales. Esta franja comprende poco más de 1,000 empresas de un universo de 140,000 que presentaron declaración del ISR en 2025, equivalentes a menos del 0,8% del total.
A esta medida se suman: el aumento marginal del impuesto a los cheques y transferencias electrónicas del 0,15% al 0,2%; la creación de un Impuesto Selectivo al Consumo para cigarrillos electrónicos y vapeadores; el incremento de la tributación sobre casinos y juegos de azar; y un aumento de diez dólares estadounidenses al impuesto sobre los pasajes aéreos.
Combate a la evasión y alivios para la clase media y las pymes
En el frente del combate a la evasión, el proyecto habilita la percepción del ITBIS en la Dirección General de Aduanas para importaciones de contribuyentes informales, amplía las retenciones del ISR sobre sectores de difícil fiscalización, introduce mecanismos de trazabilidad fiscal para bebidas alcohólicas, cigarrillos y combustibles, y otorga al Ministerio de Hacienda poder de veto sobre decisiones de leyes de incentivo para evitar abusos.
Para personas físicas, el proyecto ajusta por inflación el mínimo no imponible del ISR personal —que no se actualiza desde hace aproximadamente una década— y eleva el mínimo exento de 34,685 a 39,900 pesos, nivel suficiente para cubrir el costo de la canasta familiar del segundo quintil de ingreso. También incrementa la deducción por gastos educativos del 25% al 30%, y hasta el 50% cuando los gastos beneficien a personas con discapacidad o trastornos del neurodesarrollo. Estas medidas entrarían en vigor en enero de 2027.
Para las microempresas —que representan el 78% de las empresas que reportaron ISR en 2025— se derogan los anticipos del impuesto. Las empresas pequeñas pasarán a realizar tres pagos al año en lugar de doce. El sector agropecuario quedará exento de anticipos e impuesto a los activos.
Eliminación de impuestos obsoletos y ajuste del gasto público
El proyecto deroga figuras tributarias anacrónicas: la ley que grava las hipotecas (1890), la ley de impuesto a los fósforos (1935) y la ley de control de estampillas (1966). También elimina gradualmente los impuestos a la constitución de compañías y al Impuesto Selectivo a los seguros de vida, medidas que el Gobierno califica como obstáculos a la competitividad y a la formalización.
El ministro Díaz explicó que el criterio rector es “comprimir lo no prioritario, postergar lo no esencial y preservar las funciones críticas del Estado”. En 2025, el gasto corriente cayó 0,5% del PIB mientras el gasto de capital aumentó. El gasto en publicidad se encuentra en mínimos históricos, representando el 0,099% del PIB y el 0,52% del gasto total en el período 2021–2025, por debajo del promedio de la década precedente. La Ley de Responsabilidad Fiscal se cumplió holgadamente en su primer año, permitiendo al país colocar bonos soberanos a tasas similares a las de México e inferiores a las de Colombia, con los márgenes más bajos de la historia.
