El Gobierno de Estados Unidos transfirió 4,76 millones de dólares a El Salvador como parte de un acuerdo para que el país centroamericano recibiera a más de 200 migrantes deportados, en su mayoría venezolanos, según documentos judiciales recién divulgados.
La carta oficial, fechada el 22 de marzo de 2025 y enviada por el Departamento de Estado al Gobierno de Nayib Bukele, establece que los fondos solo podían destinarse a apoyo penitenciario y logístico en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión señalada por organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos.
Restricciones de uso de fondos
El acuerdo prohíbe que el dinero se utilice para:
- Brindar asesoría legal a solicitantes de asilo en EE.UU. o referirlos a abogados.
- Apoyar a la agencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA).
- Financiar servicios de salud reproductiva.
Además, el texto aclara que el pacto no genera obligaciones bajo derecho internacional y que cualquier disputa debe resolverse únicamente por vía diplomática entre ambos gobiernos.
Críticas de organizaciones civiles
“La correspondencia confirma lo que sospechábamos: la administración Trump-Vance no hizo nada para proteger a las personas trasladadas al CECOT de la tortura o el confinamiento indefinido, pero sí se aseguró de que los fondos no se usaran en salud reproductiva o asesoría legal”, denunció Skye Perryman, presidenta de Democracy Forward, organización que lidera una demanda contra el acuerdo.
En marzo, Washington deportó a más de 200 venezolanos a El Salvador bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, pese a que existía una orden judicial en contra. Fueron enviados al CECOT acusados de pertenecer al grupo criminal Tren de Aragua.
Entre ellos se encontraba el salvadoreño Kilmar Ábrego García, erróneamente deportado, quien se convirtió en símbolo de la oposición a las políticas migratorias del expresidente Trump.
Disputa judicial en EE.UU.
El 3 de septiembre, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que Trump no puede ampararse en esa ley del siglo XVIII para acelerar deportaciones, lo que anticipa un inminente fallo de la Corte Suprema sobre el alcance de las facultades presidenciales en materia migratoria.
