La Corte Suprema de Brasil avanzó este miércoles hacia un cambio clave en la regulación del ecosistema digital al respaldar que las plataformas tecnológicas sean responsables de manera proactiva por la difusión de contenidos ilegales, incluso sin una orden judicial previa.
Con seis de los once magistrados votando a favor, el tribunal propone modificar la interpretación del Marco Civil de Internet —vigente desde 2014— que hasta ahora limitaba la responsabilidad de las plataformas a los casos en que desobedecían decisiones judiciales de retiro de contenido.
El nuevo enfoque plantea que las empresas deberán actuar de forma inmediata ante publicaciones que incurran en delitos como desinformación, discursos de odio o incitación a la violencia, marcando un giro normativo con impacto directo sobre redes sociales y servicios de mensajería.
Aunque el fallo aún no es definitivo —restan cuatro votos por emitirse—, ya se alcanzó la mayoría suficiente para que la decisión tenga efecto vinculante en casos futuros.
Este avance se produce en un contexto político sensible, en paralelo al juicio contra el expresidente Jair Bolsonaro y exfuncionarios de su gestión, acusados de utilizar redes sociales para deslegitimar el proceso electoral de 2022.
La discusión ha escalado desde agosto de 2024, cuando el juez Alexandre de Moraes ordenó bloquear la red social X (antes Twitter) por desacato judicial. Elon Musk accedió a las exigencias tras 40 días de suspensión en Brasil, lo que provocó tensiones diplomáticas. Mientras sectores bolsonaristas denuncian persecución, el expresidente Donald Trump ha amenazado con sanciones contra Moraes.
El fallo final deberá establecer los mecanismos concretos para sancionar a plataformas que no actúen ante contenidos ilícitos, en lo que se perfila como un precedente de alto impacto en la gobernanza digital regional.
