Al menos 78 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia durante el primer semestre de 2023, según el informe “La misma receta” del Programa Somos Defensores, que documentó un total de 342 agresiones y alertó sobre un aumento del 20 % en los homicidios respecto al mismo periodo de 2024.
El estudio critica que el gobierno del presidente Gustavo Petro haya recurrido a una estrategia de militarización —reactivando bombardeos y los llamados Frentes de Seguridad— en lugar de priorizar medidas humanitarias, lo que, según la organización, repite “la misma receta militar” para enfrentar crisis humanitarias.
Las víctimas pertenecen principalmente a líderes comunales, campesinos, indígenas, afrodescendientes y defensores ambientales, especialmente en regiones como Catatumbo, Cauca, Nariño, Chocó y Arauca, donde operan grupos armados como el ELN, disidencias de las FARC y las AGC.
El informe advierte que la estigmatización y las amenazas generan autocensura y debilitan el tejido social, e insta al gobierno a implementar estrategias integrales que prioricen la protección de la vida y los derechos humanos sobre el enfoque militar.
