Brasilia, Brasil.– El ministro brasileño de Hacienda, Dario Durigan, anunció este lunes que mantendrá reuniones esta semana con autoridades de Estados Unidos con el objetivo de evitar la imposición de sanciones económicas por parte de Washington, tanto por la designación de dos bandas criminales brasileñas como organizaciones terroristas como por una investigación comercial abierta contra el país sudamericano.
En una entrevista concedida a la radio CBN, Durigan explicó que las conversaciones se centrarán en las posibles consecuencias financieras derivadas de la decisión estadounidense de calificar al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV) como grupos terroristas. El ministro calificó la medida como «extravagante» y advirtió que podría generar «riesgos» para Brasil, incluyendo sanciones a bancos sospechosos de mantener cuentas corrientes a nombre de estas bandas de narcotraficantes.
«Haremos todo lo posible para que no cause impacto económico en Brasil», afirmó el titular de la principal cartera económica del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El mandatario brasileño ha rechazado abiertamente la decisión de Washington, al considerarla un ataque a la soberanía nacional, y ha criticado duramente a la familia del expresidente Jair Bolsonaro por haber instigado esa designación.
Investigación comercial bajo la Sección 301
Además del tema de las bandas criminales, Durigan indicó que Brasil está tratando de «responder con argumentos» a una investigación comercial abierta por el Gobierno de Estados Unidos sobre supuestas prácticas desleales del país sudamericano, que también podría derivar en sanciones. La investigación, que el ministro calificó de «carácter político más que técnico», fue iniciada en julio de 2025 por el Departamento del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) al amparo de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974.
El alcance de la pesquisa es amplio e incluye temas como comercio digital, el sistema de pagos brasileño PIX, tarifas preferenciales, propiedad intelectual, acceso al mercado del etanol, aplicación de leyes anticorrupción y cuestiones relacionadas con la deforestación. Las negociaciones de esta semana buscan evitar que ambos frentes deriven en sanciones que perjudiquen la economía brasileña.
