El regulador australiano de seguridad en línea ha presentado este jueves una demanda ante el Tribunal Federal contra Telegram, al considerar que la plataforma de mensajería incumplió sus obligaciones legales al mantener disponibles durante semanas —e incluso meses— vídeos de ejecuciones y atentados terroristas, pese a haber sido denunciados por usuarios australianos.
La acción judicial, que se produce tras una investigación de un año sobre el cumplimiento de la Ley de Seguridad en Línea, podría acarrear multas de hasta 54,6 millones de dólares australianos (unos 38 millones de dólares estadounidenses), según advirtió la comisionada de eSafety, Julie Inman Grant. La autoridad sostiene que la aplicación tardó hasta tres semanas en retirar material terrorista denunciado, no suspendió las cuentas, canales y grupos que lo difundían, y no detectó contenido previamente identificado.
Entre los materiales señalados se encuentran la retransmisión en directo del atentado contra la mezquita de Christchurch en Nueva Zelanda (2019) y el vídeo del tiroteo masivo de Buffalo (Estados Unidos, 2022), ambos disponibles en Telegram durante casi tres meses antes de ser eliminados. Además, eSafety critica que los términos de uso de la plataforma no prohíben explícitamente el contenido proterrorista en todas sus áreas, y que los denunciantes nunca recibieron información sobre el resultado de sus reportes.
"Ninguna plataforma está por encima de la ley", afirmó Inman Grant, quien recordó que la amenaza del extremismo sigue siendo elevada en Australia y que la radicalización en línea es una preocupación prioritaria para las autoridades de seguridad.
En un movimiento paralelo, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia acusó formalmente este miércoles al cofundador de Telegram, Pável Dúrov, de presunta complicidad en actividades terroristas, al alegar que la plataforma permitió a los servicios especiales ucranianos planificar atentados, reclutar ciudadanos rusos y coordinar acciones de sabotaje, negándose a eliminar los canales utilizados con esos fines. La ofensiva judicial contra Telegram se intensifica en dos frentes, mientras la aplicación enfrenta un escrutinio creciente por su papel en la difusión de contenido extremista a nivel global.
