El grupo parlamentario de la AfD en Baviera presentó un documento de posición que propone un endurecimiento general de las políticas de asilo e integración en Alemania, inspirado en el modelo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Entre las medidas planteadas se incluyen:
- La creación de una unidad policial especializada para localizar y deportar a solicitantes de asilo con órdenes de expulsión, explícitamente modelada según la autoridad migratoria estadounidense ICE.
- Trabajo comunitario obligatorio para todos los solicitantes de asilo.
- Toques de queda nocturnos para esta población, argumentando que aumentaría la seguridad pública.
- Clases separadas en escuelas especiales para hijos de inmigrantes con dificultades en el idioma alemán, sustituyendo la educación religiosa por “educación cultural y en valores”.
La líder del grupo parlamentario, Katrin Ebner-Steiner, evitó inicialmente detalles sobre el modelo durante una rueda de prensa, señalando que la organización concreta de la unidad “seguía abierta”. La referencia explícita al ICE solo se hizo pública al compartirse los documentos internos con periodistas.
El ICE ha sido criticado internacionalmente por sus métodos de deportación y operaciones controvertidas, como la muerte de una ciudadana estadounidense en Minneapolis en enero de 2026 y la detención de un niño de cinco años durante una redada.
Contexto de vigilancia y crecimiento electoral
La AfD en Baviera está catalogada como organización sospechosa de extrema derecha por la Oficina para la Protección de la Constitución bávara (BayLfV), una clasificación confirmada por el Tribunal Administrativo de Múnich en 2024. Según las autoridades, el partido promueve posturas “antiextranjeras, antimusulmanas y en parte antisemitas”, además de mantener vínculos con el movimiento identitario de extrema derecha y figuras como Martin Sellner.
A pesar de esta vigilancia, la AfD duplicó su apoyo en Baviera en las elecciones federales de 2025, obteniendo cerca del 19% de los votos y convirtiéndose en la segunda fuerza política regional, solo por detrás de la CSU.
El partido ha interpuesto recursos legales contra su clasificación como organización bajo observación, en procesos que aún continúan.
