El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha admitido a trámite la querella presentada por dos antiguas trabajadoras contra Julio Iglesias por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, y ha acordado investigar los hechos. La Fiscalía había considerado inicialmente que los tribunales españoles no eran competentes, por lo que las denunciantes presentaron la querella directamente ante el juzgado.
Tras estudiar el caso, el magistrado considera que el relato pormenorizado de la querella y el principio de prueba aportado “son suficientes para incoar el procedimiento, sin que ello suponga un juicio valorativo sobre su credibilidad”. Entre las pruebas figuran una fotografía en la que se aprecia un moratón en un brazo y dos marcas en los muslos que “pueden corresponderse con la mordedura de una persona”, así como conversaciones, según el auto.
El juez acepta investigar lo relativo a los presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, pero rechaza la querella en lo referido a los delitos de trata y contra los derechos de los trabajadores.
Relato de las denunciantes
Dos antiguas empleadas —una trabajadora del hogar y una fisioterapeuta— acusan a Julio Iglesias de haberlas sometido a “situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas”, así como a lesiones y vejaciones, en 2021, cuando el artista tenía 77 años, en sus casas de República Dominicana y Bahamas. Una de ellas sostuvo que estaban obligadas a someterse a pruebas médicas como revisiones ginecológicas, test de embarazo y exámenes para detectar enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH.
Reparos del juez sobre el alcance de la querella
En el auto, Piña señala que la querella puede ofrecer “un relato mutilado” al limitar la narración de los hechos a Julio Iglesias y “prescindiendo de la participación” de dos administradoras de las casas a las que también se atribuyen actos sexuales contra las denunciantes. Esas “importantes lagunas” y “omisiones” en la narración, que “difícilmente pueden considerarse casuales”, parecen responder, según el juez, “al propósito deliberado de favorecer” que sea la Justicia española la que investigue los hechos.
El magistrado cuestiona así que la querella se presente en España porque podría determinar “la fragmentación del conocimiento de unos hechos” que, a su juicio, aconsejarían “un enjuiciamiento conjunto”. Todo ello, añade, plantea “necesidades de cooperación y delimitación del procedimiento”, aunque no excluye “la jurisdicción legalmente atribuida” por ser Julio Iglesias español.
El juez también advierte de que investigar la querella tal y como la plantean las denunciantes suscitará un problema: el tratamiento que deba darse a la intervención de las dos administradoras de la casa, que “tendrían evidentes limitaciones en su declaración” en España. La querella no se dirige contra ellas y no podrían ser imputadas en España, ya que la Audiencia Nacional no tiene competencias para investigar delitos cometidos por extranjeros, fuera de España y contra personas extranjeras. Por tanto, su declaración sería en calidad de testigos, con obligación de decir verdad, “lo que podría interferir con el derecho de defensa del que podrían disponer en un posterior proceso dirigido frente a ellas”.
Pese a los “problemas procesales” señalados, el juez concluye que estos “no obstan para que la querella sea admitida a trámite”.