La presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea ha propuesto reducir de 15 a 10 años, ampliable en cinco más, el periodo de prueba para los nuevos Estados miembros, mientras los gobiernos se preparan para cerrar su posición sobre las nuevas salvaguardias. En las últimas semanas, los países de la UE han debatido cómo aplicar las salvaguardias reforzadas que la Comisión Europea propuso a principios de octubre, entre ellas un periodo de prueba durante el cual los recién llegados podrían ver suspendidos sus derechos de voto.
El Gobierno irlandés, que preside las negociaciones, ha distribuido un borrador que recoge las posiciones iniciales de los Estados miembros y que será debatido este miércoles por los embajadores como aportación al tratado de adhesión de Montenegro. "La presidencia ha propuesto una duración de 10 años, con la posibilidad de una prórroga de cinco años. Aunque existe un amplio apoyo a esta propuesta, varios Estados miembros siguen reclamando una duración más larga, de 15 años, alegando la necesidad de garantizar una disuasión o respuesta efectiva ante posibles retrocesos durante un periodo más largo tras la adhesión", señala el documento.
División sobre derechos de voto y alcance de las salvaguardias
Las autoridades irlandesas reconocen que los Estados miembros siguen divididos sobre elementos centrales del alcance. Algunos gobiernos se oponen a activar las salvaguardias institucionales por una vulneración del principio de cooperación sincera, que puede resultar difícil de evaluar objetivamente. "Los Estados miembros han señalado la importancia de contar con la suspensión de los derechos de voto como posible medida en virtud de esta salvaguardia en caso de infracciones especialmente graves. Sin embargo, un pequeño número de Estados miembros se opone a esa opción", prosigue el documento.
Cinco Estados miembros fundadores, encabezados por Países Bajos, llevan tiempo presionando para contar con salvaguardias más estrictas que permitan reaccionar con mayor rapidez ante la aparición de un nuevo Viktor Orbán. Los 'Friends of the Western Balkans' (Amigos de los Balcanes occidentales), entre ellos Italia, reclaman un enfoque más adaptado que evite situar a los recién llegados en una posición de desigualdad. El documento plantea si la duración del aplazamiento debe adaptarse en función de una evaluación sobre el grado de preparación del Estado que se adhiere o si debe fijarse por un periodo inicial de un año, con posible prórroga de periodos adicionales de un año hasta que la situación se haya subsanado.
La presidencia también admite que la gobernanza requiere un mayor debate. La Comisión propuso que el proceso se activara salvo que una mayoría cualificada de Estados miembros se opusiera. Algunos países respaldan esta denominada mayoría cualificada inversa, mientras que otros sostienen que la gravedad de la medida exige unanimidad. Como compromiso, la presidencia propone recurrir a la mayoría cualificada ordinaria.
Seguimiento previo y posterior a la adhesión
La Comisión también ha propuesto un mecanismo de seguimiento para garantizar que los países candidatos cumplen sus compromisos antes de incorporarse formalmente al bloque, con la opción de aplazar la adhesión en los casos más graves. El documento señala un amplio apoyo al seguimiento previo de los denominados fundamentos, como los valores de la UE, el Estado de derecho y la independencia judicial. La presidencia reconoce que varios Estados miembros quieren que la alineación con la política exterior y de seguridad común se añada al seguimiento, una herramienta clave para evitar que los candidatos se desplacen hacia la órbita de potencias extranjeras.
Según el documento, parece existir un apoyo general a un nuevo párrafo que facilite el diálogo con los Estados que se adhieren cuando se propongan medidas, y a vincular el seguimiento previo con la cláusula de aplazamiento, de manera que el seguimiento continúe en caso de aplazamiento. Varios Estados miembros han pedido también un mecanismo de seguimiento tras la adhesión, idea que la presidencia ha dejado fuera del texto jurídico: pese a cierta apertura, existe preocupación por que pueda duplicar medidas ya existentes.
En cuanto a cómo activar el aplazamiento, el documento describe una "clara divergencia" entre los Estados miembros, divididos entre la mayoría cualificada y la unanimidad como base para la toma de decisiones. Como posible solución, la presidencia ha propuesto una cláusula opcional que permita el aplazamiento por mayoría cualificada en ámbitos de preocupación específica, aunque esto ha suscitado dudas sobre si también se aplicaría a las vulneraciones de los valores de la UE. "La duración de un aplazamiento sigue siendo un asunto que divide. Algunos Estados miembros han pedido una duración máxima de entre 1 y 3 años. Otros han solicitado que el aplazamiento continúe hasta que la situación haya sido subsanada", señala el documento.
Respecto a las salvaguardias específicas por sectores, el texto detecta un apoyo significativo al compromiso de la presidencia de fijar 10 años con una posible prórroga de cinco. Sin embargo, persisten fuertes divisiones entre quienes reclaman 15 años y quienes quieren un periodo más corto, de entre tres y cinco años. "La mayoría de los Estados miembros ha respaldado la propuesta de la presidencia de reforzar una cláusula de prórroga, de modo que se invoque cuando se hayan adoptado medidas en los primeros nueve años y se demuestren motivos suficientes", añade el documento.