A tres meses del devastador doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio, Amnistía Internacional (AI) denunció una falta de transparencia e información por parte de las autoridades, que no han publicado aún cifras oficiales de personas desaparecidas, y pidió que la recuperación tras el sismo esté basada en los derechos humanos y la dignidad. «A tres meses de estos eventos, queda una deuda hacia las personas damnificadas que debe saldarse enfocando la recuperación en sus derechos humanos y en su dignidad», consideró la directora de AI para las Américas, Ana Piquer, citada en un comunicado.
Según la organización, las víctimas se quejan de un «escaso acompañamiento institucional» y de la falta de información sobre los mecanismos a los que pueden acudir para conocer el paradero de sus familiares o las ayudas brindadas. AI entrevistó a 21 personas directamente afectadas en Caracas y en La Guaira, epicentro del doble sismo, y todas mencionaron que la respuesta de las autoridades venezolanas fue tardía y poco coordinada. Además, los entrevistados reportaron que «aunque hubo un amplio despliegue de cuerpos policiales, militares y de inteligencia, sus labores se enfocaron en la vigilancia y el control territorial, en lugar de participar directamente en operaciones de rescate o localización de personas desaparecidas».
Por otro lado, Amnistía reporta que «la información pública brindada por las autoridades venezolanas se ha caracterizado por la opacidad y falta de transparencia», pues no hay cifras oficiales de desaparecidos, mientras que iniciativas ciudadanas hablan de más de 40.000 personas desaparecidas.
El pasado 24 de junio, dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 afectaron la zona norte del país, especialmente el estado La Guaira, dejando casi 60.000 viviendas dañadas y un número incierto de desaparecidos. El último balance oficial del Gobierno, del 17 de agosto, cifra en 6.438 los muertos, mientras que las autoridades han conseguido recuperar 6.438 cuerpos. La organización insta a que la reconstrucción se aborde con transparencia, participación de las víctimas y respeto pleno a sus derechos fundamentales.
