El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, defendió este domingo la prohibición de acceso a la Casa Blanca impuesta por el presidente Donald Trump a CNN, MS NOW y Politico, argumentando que el mandatario tiene la potestad de limitar la entrada de periodistas a las instalaciones gubernamentales. «El presidente está en todo su derecho de limitar el acceso de los periodistas a las instalaciones gubernamentales, sobre todo cuando, en su opinión, no actúan de buena fe», aseguró Waltz en una entrevista concedida a CNN, una de las cadenas afectadas por el veto.
Waltz apeló a una sentencia del Tribunal Supremo de 1965, el caso Zemel v. Rusk, en la que el juez Earl Warren escribió que «el derecho a hablar y publicar no conlleva el derecho ilimitado a recopilar información». «Esa no es solo su opinión (la de Trump). Es la opinión de la Corte Suprema», afirmó el embajador. Sin embargo, otras sentencias, como el caso Sherrill v. Knight, de 1977, defienden que el rechazo de una acreditación debe basarse en criterios explícitos y definidos, y nunca por una decisión arbitraria.
Posible batalla judicial por el veto
Si la Casa Blanca mantiene la prohibición de acceso a los medios, se prevé que los medios afectados acudan a los tribunales para defender su derecho a informar. «En los próximos días, y probablemente a primera hora del lunes, estos medios de comunicación y sus representantes legales presentarán documentos para exigir una orden judicial o, con suerte, incluso una orden de restricción temporal, lo que agilizaría aún más el proceso, insistiendo en que la sesión informativa continúe como de costumbre», aseguró el subdirector de defensa de la Fundación para la Libertad de Prensa, Adam Rose, en CNN este domingo.
La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), que calificó el veto como una «prohibición a la prensa libre» tras conocerse la decisión de Trump, también defendió que la Constitución estadounidense protege la libertad de prensa frente a la interferencia del Gobierno. El episodio abre un nuevo frente de tensión entre la Casa Blanca y los medios de comunicación, en un contexto de creciente cuestionamiento al acceso de la prensa a la información gubernamental.
