Más de 40 días después de la entrada masiva del 30 y 31 de julio, Ceuta afronta una vuelta al cole marcada por la seguridad privada en los centros educativos y una sanidad al borde del colapso, mientras su presidente, Juan Jesús Vivas, exige en Bruselas una respuesta contundente a Marruecos, que no cesa en sus alegatos para "recuperar" Ceuta y Melilla. La ciudad autónoma, que ya vivió una situación similar en 2021 con la entrada de 10.000 personas, se enfrenta ahora a la mayor crisis migratoria de su historia, con más de 140 muertos confirmados y miles de personas que permanecen en sus calles.
Una crisis sin precedentes
La noche del 30 al 31 de julio de 2026, cerca de 80.000 personas cruzaron de forma masiva la frontera de Ceuta con Marruecos, a nado y a través del espigón del Tarajal. Fue, con diferencia, la mayor entrada irregular registrada nunca en la ciudad autónoma. Más de un mes después, miles de personas que entraron de forma ilegal siguen en las calles de Ceuta, el Gobierno sigue sin tomar medidas definitivas ante el grave asunto y sin mencionar la implicación de Marruecos, mientras el país ha vuelto a reivindicar, con más fuerza que en los últimos años, la soberanía sobre Ceuta y Melilla.
La crisis no se cerró en 24 horas, como llegó a sugerir el Gobierno español, ni fue obra únicamente de las redes sociales. Pedro Sánchez visitó la zona y se fue de vacaciones durante 27 días en plena crisis. Más de 40 días después, la ciudad permanece en un caos absoluto gestionando la acogida de miles de personas que duermen en las calles y en la playa de El Trampolín. El Ejecutivo ha habilitado espacios de acogida temporal con 3.300 plazas para aquellos migrantes que decidieron no volver voluntariamente a Marruecos en las horas que siguieron a la entrada masiva.
El punto más conflictivo ha sido el de los menores no acompañados (menas). El 19 de agosto, el Gobierno anunció un plan para trasladar a la Península a unas 500 menores migrantes vulnerables, la mayoría niñas. La medida chocó de inmediato con la negativa de varias comunidades autónomas a acogerlas. La Comisión Europea, por su parte, se ha posicionado a favor de que los menores no acompañados sean devueltos a Marruecos, que también ha pedido su devolución, una postura que choca con la que defiende el Ministerio español competente en la materia.
La alerta ignorada del CNI
La otra gran disputa política ha sido si el Gobierno sabía que se preparaba algo de esta magnitud. El 1 de septiembre, se publicó un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (Cenif) de la Policía Nacional, remitido a la Audiencia Nacional, que atribuye a agentes marroquíes, uniformados y de paisano, un papel activo "guiando" a los migrantes hacia los puntos de cruce, en lo que el documento describe como un proceso planificado para colapsar el control fronterizo español.
Días después, el propio Gobierno desclasificó documentación que muestra que el CNI remitió, el 29 de julio (24 horas antes de la entrada masiva), una nota de "alerta temprana" tanto a la Delegación del Gobierno en Ceuta y a la Guardia Civil como a los propios servicios de Inteligencia marroquíes, advirtiendo de llamamientos en redes sociales a un "asalto por valla y mar". El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido —contradiciendo las declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles— que no hubo "ninguna alerta" sobre una entrada de la magnitud que finalmente se produjo, y que la información disponible era la habitual de la época estival; la oposición y parte de los propios socios de Gobierno sostienen que la documentación desclasificada contradice esa versión.
Mientras tanto, Pedro Sánchez ha dirigido sus críticas a países como Italia (con quien se ha suspendido la libre circulación de Schengen), Rusia, Israel e incluso la "ultraderecha internacional". A Rusia e Israel les ha acusado de difundir bulos que desencadenaron en la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta.
Marruecos redobla su reivindicación soberanista
En este contexto, varios responsables marroquíes han elevado el tono sobre la soberanía de Ceuta y Melilla. El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, afirmó el 10 de agosto en la cadena saudí Asharq News que Marruecos "sigue reivindicando" ambas ciudades y planteó la necesidad de una "solución definitiva" mediante diálogo con España. Semanas después, el ministro marroquí de Asuntos Islámicos, Ahmed Toufiq, se refirió durante una ceremonia oficial en Rabat a la "lucha sagrada para liberar las ciudades ocupadas situadas a lo largo del océano Atlántico a comienzos de la época contemporánea".
El ex primer ministro Saadeddine al Othmani también ha seguido esta línea narrativa calificando de territorios "ocupados" haciendo referencia a Ceuta y Melilla, así como a las islas y peñones bajo soberanía española en el norte de África (como las islas Chafarinas o el peñón de Vélez de la Gomera) e insistiendo en que esa es "la posición del Estado marroquí", no una opinión personal. El Gobierno español ha respondido en cada ocasión con la misma fórmula: "Ceuta y Melilla son España", rechazando "tajantemente" cualquier negociación sobre su soberanía, pero sin ir más allá elevando el tono o imponiendo sanciones, algo que tampoco ha hecho la Comisión Europea.
"Ceuta no se vende"
El 2 de septiembre, coincidiendo con el día de Ceuta, miles de personas se congregaron en las calles españolas para reclamar la seguridad en la ciudad autónoma, en apoyo a los ceutíes y reivindicando la falta de medios y la gestión institucional de la crisis. Más de 260 concentraciones convocadas por asociaciones locales y respaldadas por la Federación Española de Municipios y Provincias recorrieron el país; la más multitudinaria tuvo lugar en la plaza de Cibeles, en Madrid, bajo lemas como "Ceuta no se vende, Ceuta se defiende".
Mientras tanto, la situación humanitaria en la ciudad autónoma sigue siendo crítica. Los médicos, que llevan semanas denunciando la situación de la sanidad en el enclave español, mantienen que están ante una crisis asistencial insostenible. La Organización Médica Colegial (OMC) ha alertado de que la situación que atraviesan los facultativos de Ceuta no puede sostenerse indefinidamente sobre su "capacidad de sacrificio" y ha insistido en que la presión asistencial extrema experimentada en las últimas semanas no debe normalizarse.
