El Gobierno de Donald Trump ha devuelto cerca de 100.000 millones de dólares (86.600 millones de euros) en aranceles del denominado "Día de la Liberación" a través de los servicios aduaneros, lo que representa aproximadamente el 60% de los 165.000 millones de dólares (143.000 millones de euros) recaudados en el marco de esa iniciativa, según documentos judiciales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Los reembolsos se producen tras la sentencia del Tribunal Supremo de febrero, que dictaminó por seis votos a tres que Trump había excedido la potestad del Congreso para fijar impuestos y carecía de autoridad constitucional para imponer estos gravámenes a las importaciones.
Los aranceles del 'Día de la Liberación' se impusieron inicialmente bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977, que otorga al presidente la facultad de "regular" el comercio en caso de emergencia. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que esa autoridad no se extiende a la imposición de aranceles, una decisión que ha obligado a la Administración a procesar las devoluciones a través de un portal habilitado en abril. Hasta la fecha, casi 29.000 millones de dólares en posibles reembolsos siguen en revisión, mientras que 1.600 millones no se han tramitado por falta de datos bancarios de los importadores.
La medida, que ha supuesto una gran carga para las empresas estadounidenses —obligadas a trasladar los mayores costes a los consumidores—, ha llevado a algunas compañías, como Amazon, que ya ha recibido unos 600 millones de dólares en devoluciones, a destinar parte de esos fondos a subvencionar precios más bajos en sus tiendas. Sin embargo, estas decisiones dependen de cada empresa y no están legalmente exigidas.
A pesar de estas cuantiosas devoluciones, Trump no ha detenido su ofensiva arancelaria y recientemente ha impuesto un gravamen del 50% a Canadá, además de aplicar nuevos aranceles a 60 socios comerciales alegando que no abordan adecuadamente el trabajo forzoso. La decisión del Tribunal Supremo ha obligado a la Administración a rectificar, pero el presidente mantiene su apuesta por los aranceles como herramienta central de presión económica.
