El último pleno extraordinario del Congreso de los Diputados antes del receso estival se ha saldado este jueves con un resultado agridulce para el Ejecutivo socialista. Mientras el plan anticrisis del Gobierno de Pedro Sánchez logró la convalidación necesaria para seguir en vigor, la propuesta de senda de déficit —un requisito imprescindible para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2027— se encamina de nuevo al fracaso, al no obtener los apoyos suficientes.
El plan anticrisis, aprobado inicialmente en marzo y convalidado hoy para su prórroga, mantiene su objetivo de amortiguar el impacto de la guerra en Oriente Medio en la economía de los hogares españoles. El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendió la iniciativa calificándola como el "escudo más ambicioso" de toda la Unión Europea, con medidas valoradas en 5.000 millones de euros, a los que se suman otros 1.825 millones contemplados en la prórroga del decreto que entró en vigor el pasado 1 de julio.
El plan incluye una rebaja escalonada de los carburantes: 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre, antes de su extinción en octubre. No obstante, el texto incorpora una cláusula de reactivación automática que permitiría recuperar las bonificaciones si los precios de los combustibles, la electricidad o el gas superan un umbral del 15% de incremento, una previsión que responde a la volatilidad del conflicto en Oriente Medio.
A pesar del respaldo mayoritario a la prórroga —únicamente Vox ha anunciado su voto en contra—, la medida no ha estado exenta de críticas. El diputado del PP Jaime de Olano ha acusado al Ejecutivo de "fritar a impuestos a la clase media", mientras que el propio Gobierno estima que las rebajas fiscales han contenido la inflación en un punto de media y han amortiguado en más de un 60% la subida de los precios.
Sin embargo, la jornada no ha sido del todo favorable para el Gobierno. La propuesta de senda de déficit —presentada por el Consejo de Ministros el martes, apenas dos semanas después de ser tumbada en la Cámara con los votos del PP, Vox, Junts y UPN— ha vuelto a chocar con el mismo muro de rechazo. El plan establece un objetivo de déficit para el conjunto de las administraciones públicas del 1,8% del PIB en 2027, el 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029, con un escenario del 0,1% anual para las comunidades autónomas, una cifra que ya fue rechazada el año pasado tanto en el Congreso como en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde las regiones gobernadas por el PP se opusieron frontalmente.
La negativa a aprobar la senda de déficit no impide la tramitación de los Presupuestos, pero condiciona su contenido a los márgenes fiscales acordados con la Unión Europea, dejando al Ejecutivo con escasas opciones de sacar adelante las cuentas públicas para 2027 en el formato deseado. El Gobierno, pues, cierra el pleno con una victoria parcial y una derrota anunciada, que deja abierta la incógnita sobre cómo gestionará el nuevo curso político la confección de los Presupuestos.
