Mahmoud Khalil, el activista palestino y antiguo alumno de la Universidad de Columbia que permaneció más de cien días bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ha dado un paso al frente este martes con una demanda contra el Gobierno de Donald Trump. En ella, denuncia una presunta trama orquestada con organizaciones de extrema derecha para hostigar y detener a quienes apoyan la causa palestina en territorio estadounidense.
El escrito judicial acusa directamente a altos cargos del Ejecutivo federal —entre ellos el asesor Stephen Miller, el secretario de Estado Marco Rubio, y los responsables de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin y su predecesora Kristi Noem—, así como a entidades como el think tank ultraconservador The Heritage Foundation, de haber conspirado para señalarlo a él y a otros palestinos no ciudadanos. El objetivo, según Khalil, sería arrestarlos y deportarlos como represalia por su activismo en defensa de los derechos del pueblo palestino.
La demanda detalla un método sistemático que, asegura, se repite con un patrón claro: selección de objetivos, difamación pública, revocación de visados, detención por parte del ICE y traslado a centros de retención, seguido de procesos migratorios que califica de «simulados» para forzar las expulsiones. Khalil sostiene que al menos otras ocho personas han sido marcadas por este entramado, y subraya que grupos como Canary Mission y Betar han admitido abiertamente su complicidad en la operación.
Liberado el pasado 20 de junio, tras pasar más de tres meses recluido en un centro de detención de Luisiana, Khalil ha presentado la querella ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Para ello, se ha amparado en la Ley del Ku Klux Klan de 1871, una norma concebida originalmente para combatir el terrorismo interno, y ha calificado su caso como una suerte de «ley de proscripción»: un castigo administrativo impuesto por el Gobierno sin las garantías judiciales debidas, algo que la Constitución prohíbe expresamente.
Apoyándose en precedentes de tribunales inferiores que ya han reconocido esta vulneración, el activista solicita una indemnización por daños (cuya cuantía se determinará en la fase de juicio), así como una sentencia que declare ilegal la conducta de los demandados. Cabe recordar que, apenas unos días antes, Khalil ya había interpuesto otra demanda por 20 millones de dólares (unos 17 millones de euros) contra la Administración Trump, reclamando compensación por su detención ilegal y la persecución sufrida a raíz de su participación en las protestas universitarias contra la guerra en Gaza.
