Bruselas, Bélgica.– La Unión Europea se prepara para aprobar el giro más drástico de su política migratoria en décadas: un nuevo reglamento de retornos que permitirá crear centros de deportación fuera del bloque, ampliar los períodos de detención hasta dos años, endurecer los vetos de entrada y facilitar la expulsión de inmigrantes sin derecho a permanecer, incluidos aquellos cuyos recursos judiciales ya no suspenderán automáticamente las órdenes de salida.
Se espera que este lunes los gobiernos de la UE y el Parlamento Europeo cierren un acuerdo sobre el Reglamento de Retornos, impulsado por la presión política sobre la migración y el auge de los partidos antiinmigración. La ley pretende elevar la tasa actual de retornos —apenas el 28% de los inmigrantes con orden de abandono son efectivamente expulsados— y responde a encuestas que muestran a los votantes europeos cada vez más preocupados por los flujos migratorios, pese a que las llegadas irregulares han descendido considerablemente en 2026 y 2025.
«Garantizaremos que quienes no tienen derecho a quedarse en la UE sean realmente devueltos», prometió el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, al presentar la iniciativa.
Centros de retorno en terceros países y fin de la suspensión automática de recursos
El núcleo de la ley permite a los países de la UE crear centros de deportación en terceros países sin relación con el origen del inmigrante, mediante acuerdos bilaterales. Las familias con niños podrán ser trasladadas a estos centros (los menores no acompañados quedarán exentos). Hasta ahora, los inmigrantes solo podían ser devueltos a su país de origen o a un país con vínculo demostrado.
Además, con la normativa vigente, las deportaciones se suspenden automáticamente mientras están pendientes los recursos judiciales. La nueva ley eliminará esa protección automática y dejará en manos de los tribunales decidir caso por caso si paralizar una orden de retorno.
Detenciones de hasta dos años y vetos de entrada de diez años
El período máximo de detención legal de inmigrantes en situación irregular en espera de deportación pasará de seis meses a dos años, con duración ilimitada para quienes se considere un riesgo para la seguridad. Los vetos de entrada se endurecerán de cinco a diez años en la mayoría de los casos, con posibilidad de prohibiciones de por vida para quienes supongan un riesgo.
Las autoridades nacionales también podrán registrar el «lugar de residencia u otros locales pertinentes» de los inmigrantes en situación irregular, una disposición que organizaciones de derechos humanos comparan con redadas masivas.
Críticas: «cárceles extraterritoriales» y detención de niños
Más de 250 organizaciones de la sociedad civil han pedido rechazar el reglamento. «La UE está legitimando cárceles extraterritoriales, el perfilado racial y la detención de niños de una forma que no habíamos visto nunca», denunció Sarah Chander, directora de la Equinox Initiative for Racial Justice. Los críticos señalan además que estos centros tendrán poco impacto real: el proyecto piloto italiano en Albania, con dos centros que debían albergar 36.000 personas al año, acoge a menos de 100 inmigrantes.
Pese a la controversia, Alemania, Países Bajos, Austria, Dinamarca y Grecia se han aliado para identificar posibles países socios donde crear futuros centros de retorno.
Próximos pasos
Está previsto que los negociadores de los países de la UE y del Parlamento Europeo inicien el debate a las 18:00 en Bruselas. Coinciden en el contenido de la ley, y las discrepancias en Estrasburgo se limitaron al calendario de aplicación. Una vez alcanzado el acuerdo, el texto final deberá ser aprobado formalmente por los eurodiputados y los Estados miembros.
