Río de Janeiro.– La guerra en Oriente Medio no solo ha disparado los precios de los combustibles en Brasil, sino que ahora ha desatado una batalla legal en los tribunales del país. Un juez de primera instancia de Río de Janeiro, Humberto de Vasconcelos Sampaio, suspendió cautelarmente el impuesto del 12% a la exportación de crudo establecido por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, tras un recurso presentado por un poderoso grupo de petroleras: Repsol Sinopec, Equinor, TotalEnergies, Shell y Petrogal.
El magistrado alegó que el tributo tiene un carácter “meramente recaudatorio” y liberó a las compañías de cualquier sanción mientras se resuelve el fondo del asunto. La decisión, aunque provisional, representa un duro revés para el Ejecutivo, que había creado el gravamen en marzo pasado como una medida de emergencia para compensar la eliminación temporal de otros impuestos y una subvención al diésel, destinadas a contener el aumento de los combustibles provocado por la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, desatada el 28 de febrero.
El argumento del juez: “No se puede crear una carga tributaria así, de la noche a la mañana”
En su fallo, el juez Sampaio fue contundente: “La súbita imposición de una alícuota del 12% representa, en la práctica, la instauración de una nueva carga tributaria, con impacto económico inmediato y finalidad fiscal declarada”. Para el magistrado, el gobierno no puede disfrazar un nuevo impuesto como una simple modificación de una tasa que antes era cero (como incentivo a las exportaciones). La decisión, que aún no es definitiva y puede ser apelada, ha generado una ola de reacciones en el sector energético.
Las petroleras: “Nos pone en desventaja en el mercado internacional”
Las compañías que recurrieron a la Justicia argumentan que el tributo viola principios de seguridad jurídica y libre competencia, y las sitúa en una posición desfavorable frente a otros productores globales. Según datos del diario Folha de São Paulo, estas cinco empresas produjeron en febrero el 20% del petróleo nacional, unos 800.000 barriles diarios, casi todos destinados a la exportación. Para ellas, un impuesto del 12% es un mazazo a su competitividad.
El gobierno no se rinde: “No es un impuesto nuevo, es un ajuste de alícuota”
Fuentes de la administración Lula anticiparon que recurrirán la decisión. Su argumento: no se trata de un impuesto inédito, sino de una modificación de la tasa del tributo existente, que antes era del 0% como incentivo a las exportaciones. “Es una medida temporal para compensar el costo de la guerra”, defienden. Pero el juez no compró esa versión, y la pelota ahora está en el tejado de las instancias superiores.
El contexto: una guerra lejana que enciende la inflación local
Brasil, como gran importador de derivados del petróleo, ha sentido el impacto del cierre del estrecho de Ormuz y la escalada de precios del crudo. El gobierno de Lula optó por un paquete de alivio: eliminar temporalmente ciertos impuestos y subvencionar el diésel, pero para no perder ingresos, creó el gravamen a la exportación de crudo. La medida, pensada como un parche, ha terminado generando una tormenta legal.
Mientras el gobierno estudia apelar, las petroleras celebran, aunque con cautela. La suspensión es cautelar, no definitiva. La guerra en Oriente Medio sigue su curso, el precio del petróleo sigue volátil, y Brasil necesita definir si su estrategia para enfrentar la crisis externa pasa por gravar a sus propios productores o buscar otras alternativas. Por ahora, la justicia le ha dicho a Lula: no tan rápido. Y las empresas petroleras, por esta noche, respiran aliviadas. Pero el combate apenas comienza.
