La Justicia de Argentina ordenó una serie de medidas de prueba sobre el jefe de Gabinete del presidente Javier Milei, Manuel Adorni, tras una denuncia que lo vincula con presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, cohecho y tráfico de influencias.
El fiscal Gerardo Pollicita solicitó avanzar en la revisión del patrimonio del funcionario, luego de detectar inconsistencias entre su declaración jurada y las propiedades que se le atribuyen, así como un nivel de gastos que superaría sus ingresos declarados.
La causa está bajo la órbita del juzgado federal de Ariel Lijo, quien en 2025 fue propuesto por el Ejecutivo para integrar la Corte Suprema, sin lograr el respaldo necesario en el Congreso.
Según su última declaración jurada, correspondiente a 2024, Adorni informó poseer dos inmuebles: un apartamento en Buenos Aires, compartido con su esposa, y otro en La Plata, adquirido mediante una donación familiar. Sin embargo, legisladores de la oposición denunciaron la supuesta omisión de otras dos propiedades ubicadas en zonas residenciales del área metropolitana.
Polémicas recientes
El funcionario ha estado en el centro de la controversia en las últimas semanas. A inicios de marzo, su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial a Nueva York junto a una comitiva oficial, hecho que el propio Adorni reconoció posteriormente como inapropiado.
Asimismo, la difusión de un viaje familiar en avión privado, presuntamente financiado por el empresario Marcelo Grandio —quien habría obtenido contratos con la Televisión Pública—, ha intensificado el escrutinio mediático sobre su gestión.
Durante una reciente rueda de prensa, Adorni reaccionó con firmeza ante preguntas de periodistas: “Yo hago lo que quiero con mi dinero, ganado legítimamente”, afirmó antes de retirarse. Añadió que no está obligado a explicar transacciones privadas, aunque aseguró que presentará la documentación correspondiente si la Justicia lo requiere.
Defensa y respaldo político
El jefe de Gabinete defendió el origen de su patrimonio, señalando que fue construido tras 25 años de trabajo en el sector privado, antes de su ingreso al Estado. “No tengo nada que esconder”, sostuvo, insistiendo en que su declaración jurada es correcta.
En medio de la polémica, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, expresó públicamente su respaldo al funcionario, asegurando que mantiene intacto su apoyo frente a lo que calificó como “operaciones del periodismo y la vieja política”.
La investigación continúa en curso, mientras la Justicia avanza en la recopilación de pruebas para determinar la veracidad de las acusaciones.
