Un jurado federal en Arizona ordenó este jueves a Uber pagar 8,5 millones de dólares tras declararla responsable civilmente en un histórico caso por agresión sexual contra una pasajera, marcando la primera condena de este tipo contra la plataforma en Estados Unidos y sentando un precedente que podría afectar miles de demandas similares pendientes.
Los hechos del caso:
- Demandante: Jaylynn Dean, agredida sexualmente en noviembre de 2023 por un conductor de Uber en Tempe (Arizona), mientras regresaba a su hotel bajo los efectos del alcohol.
- Conductor: Admitió que la pasajera “estaba demasiado ebria para dar su consentimiento”. Fue despedido por Uber por violar las normas de la plataforma.
Argumentos clave que llevaron a la condena:
Los abogados de Dean demostraron que Uber:
- Se promocionaba como un servicio seguro para mujeres que consumían alcohol, a pesar de conocer mediante datos internos y quejas previas que este grupo era especialmente vulnerable a agresiones sexuales.
- No verificó los antecedentes penalesdel conductor, ni en EE.UU. ni en su país de origen.
- Carecía de medidas básicas de protección como la opción de elegir conductoras mujeres o sistemas de grabación de audio/video durante los viajes.
Defensa de Uber y fallo del jurado:
- Uber argumentó que no era responsable porque los conductores son “contratistas independientes”, no empleados, e incluso insinuó que hubo consentimiento por parte de la pasajera.
- Tras casi tres días de deliberación, un jurado de nueve personas rechazó estos argumentos y declaró a Uber responsable en uno de los tres cargos presentados.
Contexto y repercusiones:
- Este fallo llega mientras Uber enfrenta miles de demandas similares. Solo en julio de 2022, 550 mujeres presentaron una demanda colectiva en California por agresiones sexuales sufridas durante viajes con la aplicación.
- La sentencia abre la puerta a que otras víctimas puedan responsabilizar legalmente a la plataforma, más allá del conductor directo, por fallos sistémicos en sus protocolos de seguridad.
Conclusión:
Más que una simple indemnización, este veredicto cuestiona el modelo de responsabilidad de las plataformas de transporte y las obliga a revisar sus políticas de seguridad, verificación de conductores y transparencia con los usuarios. La condena envía un mensaje claro: la publicidad sobre seguridad debe respaldarse con medidas concretas, especialmente cuando se trata de proteger a grupos vulnerables.
