El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este martes en la Cumbre Mundial de Gobiernos (World Government Summit) de Dubái la decisión de prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años, una medida que obligará a las plataformas digitales a implantar sistemas efectivos de verificación de edad.
Fundamento de la medida:
Sánchez calificó el ecosistema actual de las redes sociales como un “estado fallido” donde “se ignoran las leyes y se toleran los delitos”. Señaló como problemas críticos la desprotección de datos personales, la expansión de la desinformación, los discursos de odio y la falta de control sobre contenidos ilegales, amenazas que afectan especialmente a los menores, quienes tienen integrado el uso de estas plataformas en su vida cotidiana.
“Les protegeremos del salvaje Oeste digital”, declaró.
Cinco ejes de la estrategia anunciada:
- Prohibición de acceso a menores de 16 años y obligación de verificación de edad por parte de las plataformas.
- Presentación la próxima semana de un proyecto de ley que hará responsables a los directivos de las redes sociales por los contenidos ilegales y de odio publicados en sus plataformas.
- Modificación del Código Penal para incluir como delito la manipulación de algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.
- Colaboración con la Fiscalía para investigar y, en su caso, enjuiciar posibles infracciones legales de plataformas como Grok, TikTok e Instagram.
- Creación de un sistema de rastreo y trazabilidad que permita establecer una “Huella de Odio y Polarización”, exponiendo la permisividad de las plataformas que amplifican este tipo de contenido.
Contexto internacional:
La medida sigue el ejemplo de Australia, que en diciembre de 2025 se convirtió en el primer país en implementar una prohibición similar. Otros países europeos, como el Reino Unido y Francia, también estudian iniciativas en la misma dirección.
Declaración de principios:
Sánchez defendió la “soberanía digital”de España y una política de “tolerancia cero” frente a la coerción extranjera en el ámbito digital, reafirmando el compromiso de su gobierno con una gobernanza global que proteja los derechos y libertades en el entorno digital.
Este anuncio sitúa a España a la vanguardia de la regulación digital en Europa, con un enfoque integral que combina restricciones de acceso, responsabilidad corporativa, instrumentos penales y herramientas de medición del impacto social de los contenidos nocivos.
