El presidente Luiz Inácio Lula da Silva remitió este viernes al Congreso Nacional el Proyecto de Ley Antifacciones, una iniciativa que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado mediante la creación de nuevas figuras penales y herramientas legales, en respuesta a la creciente violencia que culminó con la reciente operación en Río de Janeiro donde fallecieron 121 personas.
Medidas centrales de la propuesta
- Organizaciones criminales calificadas: Nueva figura jurídica con penas de 8 a 15 años de prisión, ampliables hasta 30 años en casos de homicidio
- Aumento de penas: Sanciones máximas de hasta 10 años para miembros de grupos delictivos comunes
- Registro nacional: Creación del Banco Nacional de Organizaciones Criminales para centralizar información sobre facciones como Comando Vermelho y Primeiro Comando da Capital
- Intervención empresarial: Facultades judiciales para intervenir empresas vinculadas a actividades ilícitas y bloquear operaciones financieras sospechosas
Mecanismos complementarios
El proyecto, elaborado por los ministros de Justicia, Defensa y la Abogacía General de la Unión, incluye además:
- Separación provisional de funcionarios públicos implicados con el crimen organizado
- Incautación anticipada de bienes
- Monitoreo de comunicaciones de reclusos bajo autorización judicial
- Transferencia de internos entre cárceles por razones de seguridad operativa
Estrategia integral
En declaraciones en redes sociales, Lula destacó que la iniciativa "eleva para hasta 30 años las penas para quienes integren facciones criminales" y fortalece la capacidad estatal para "asfixiar financieramente a las bandas".
El ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, recalcó que la propuesta busca "atajar el crimen de forma más estructurante", combinando sanciones penales severas con mecanismos de inteligencia financiera.
El Congreso analizará el proyecto con carácter de urgencia, en un esfuerzo por consolidar una estrategia nacional coordinada contra la expansión del crimen organizado en Brasil.
