La agencia estatal de archivos de Rusia, Rosarjiv, ha suspendido el acceso de investigadores y ciudadanos a los documentos históricos sobre las víctimas de la represión política en el país, según reportaron este lunes medios locales. La medida, que catalogó estos archivos como "información oficial de distribución limitada", ha generado un fuerte rechazo en la comunidad académica y entre organizaciones de derechos humanos.
Según el diario Kommersant, los archivos rusos comenzaron a negarse a entregar los expedientes de las víctimas rehabilitadas, argumentando que ahora solo pueden ser consultados por autoridades estatales. Investigadores como Oleg Novosélov relataron cómo, al solicitar acceso, se les informó de una orden interna de marzo que prohíbe la entrega de estos documentos sin una prueba de vínculos familiares.
Justificación legal versus razones de Estado
Inicialmente, las instituciones se acogieron a una ley que protege la privacidad de la información personal por un plazo de 75 años. Sin embargo, posteriormente se confirmó que la restricción responde a que la difusión de estos archivos podría representar una "potencial amenaza para los intereses de la Federación de Rusia".
Esta postura fue reforzada por la Administración Presidencial, que en una respuesta al abogado Vladímir Redekop afirmó que la medida busca proteger al Estado frente a la "presión económica, política e informativa sin precedentes" por parte de "estados hostiles". Rosarjiv, según la explicación oficial, debe ahora evitar la "distorsión de hechos históricos" y su uso en perjuicio de los intereses rusos.
Críticas por opacidad y obstrucción a la investigación
La comunidad académica ha denunciado la opacidad de la decisión y la falta de una explicación coherente. "Nadie entiende qué está pasando allí", declaró Redekop, quien investiga la historia de su propia familia. Los científicos se quejan de que las trabas burocráticas imposibilitan continuar con trabajos históricos esenciales para comprender el pasado soviético.
La medida se enmarca en un contexto más amplio, donde el Gobierno ruso ha promovido una interpretación específica de la historia del siglo XX, acusando sistemáticamente a Occidente de reinterpretar y distorsionar el pasado nacional. El acceso a los expedientes de las víctimas que nunca fueron rehabilitadas ya estaba restringido con anterioridad, pero la actual prohibición generalizada marca un nuevo escalón en el control estatal sobre la memoria histórica.
