La nueva circular obliga a proveedores del Estado a garantizar seguridad social, condiciones dignas y mayoría de mano de obra nacional.
El Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) emitieron este miércoles una circular conjunta que refuerza las obligaciones laborales en los contratos públicos, con el fin de asegurar el respeto a las normas de seguridad social y de salud ocupacional.
El documento, firmado por el ministro Eddy Olivares y el director de la DGCP, Carlos Pimentel Florenzán, establece que el cumplimiento de los derechos laborales será un principio rector de la contratación pública, y que las instituciones contratantes deberán supervisar activamente a los proveedores del Estado.
Obligaciones clave para proveedores
La circular enfatiza en tres puntos principales:
- Inscripción obligatoria en la seguridad social.
- Cumplimiento de las condiciones de salud y seguridad laboral.
- Garantía de que al menos 80 % de los empleados sean trabajadores nacionales.
Además, advierte que el incumplimiento de estas disposiciones podrá ser causal de terminación unilateral del contratou otras sanciones, previa certificación del Ministerio de Trabajo o de la Tesorería de la Seguridad Social.
“No habrá espacio para la precarización laboral”
Durante la firma, Olivares subrayó que la medida busca consolidar una cultura de respeto y responsabilidad social en el sector privado que contrata con el Estado.
“Con esta circular enviamos un mensaje claro: en la República Dominicana no habrá espacio para la precarización laboral en proyectos financiados con fondos públicos”, afirmó.
De su lado, Pimentel destacó que la DGCP ya ha incorporado en los pliegos de condiciones cláusulas que obligan al respeto de las normas laborales, la seguridad de los trabajadores, la inclusión de personas con discapacidad y el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social.
Con este paso, ambas entidades buscan garantizar que los recursos públicos no solo financien obras y servicios, sino también la protección efectiva de los derechos de los trabajadores y la promoción del empleo formal en el país.