Puerto Rico se encuentra dividido ante el incremento de la presencia militar estadounidense en la isla, motivado por las tensiones en el Caribe con Venezuela. Mientras el Gobierno local, encabezado por la gobernadora Jenniffer González, ofrece un respaldo total al Ejército de EE. UU., sectores sociales y políticos temen una repetición de la historia de Vieques y Culebra, donde décadas de prácticas militares dejaron contaminación y profundas cicatrices sociales.
“Da ansiedad, nervios, malestar, sabiendo bien cómo nuestra comunidad ha sido afectada directamente por la militarización del archipiélago”, confiesa Ilandra Guadalupe Maldonado, activista nacida en Vieques e integrante de la Alianza de Mujeres Viequenses.
La Marina de EE. UU. utilizó esas islas durante seis décadas como campos de tiro, alquilándolas incluso a otras naciones para pruebas de armamento. A más de 20 años de su salida en 2003, aún quedan municiones sin detonar y un legado de contaminación y problemas de salud.
La actual estrategia militar incluye operaciones anfibias, vuelos de combate y la llegada de diez aviones F-35, lo que para la oposición y organizaciones sociales representa una peligrosa vuelta al pasado.
“Denunciamos que Puerto Rico sea utilizado para invadir países latinoamericanos”, expresó Sonia Santiago, portavoz de Madres contra la Guerra. El senador independentista Adrián González, por su parte, recordó que la salida de las bases en 2003 fue fruto de la desobediencia civil pacífica y no de una decisión voluntaria de Washington.
Con nuevas protestas convocadas, la isla vuelve a debatirse entre convertirse en un centro estratégico del Pentágono en el Caribe o resistir para no repetir una historia marcada por la militarización.
