El Gobierno español ha decidido rescindir el contrato adjudicado a Telefónica para renovar con equipos de Huawei parte de la red de fibra óptica RedIRIS, utilizada por organismos públicos como el Ministerio de Defensa, universidades y centros de investigación.
La infraestructura, que supera los 15.000 kilómetros y ya incorporaba tecnología de la compañía china desde 2020, debía ser ampliada y modernizada bajo un acuerdo valorado en 12,3 millones de euros. Sin embargo, fuentes gubernamentales citadas por El País confirmaron que el Ejecutivo ha optado por un cambio de rumbo en su estrategia, alegando “motivos de autonomía tecnológica”.
La decisión se enmarca en un clima internacional de creciente desconfianza hacia Huawei, que desde hace años se encuentra bajo sospecha por supuestos vínculos con el Gobierno chino y posibles riesgos de ciberespionaje. Aunque la empresa ha negado de forma reiterada estas acusaciones, Estados Unidos y la Unión Europea han recomendado limitar su participación en infraestructuras críticas de telecomunicaciones, especialmente en redes de defensa y 5G.
En el caso de España, la presión estadounidense ha sido determinante. La Administración de Donald Trump, según trascendió, advirtió al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que la continuidad del contrato podría comprometer la cooperación bilateral en materia de Inteligencia, lo que habría precipitado la cancelación.
Por su parte, la Comisión Europea también ha intensificado las advertencias en los últimos meses. Bruselas ha instado a los Estados miembros a restringir o excluir a Huawei de sus redes de nueva generación, argumentando que la presencia de la tecnológica representa un riesgo considerable para la ciberseguridad europea. Estas medidas forman parte de una estrategia más amplia de protección frente a empresas chinas con fuertes vínculos estatales.
La compañía tampoco atraviesa un buen momento en el terreno político en Europa. Desde principios de año, el Parlamento Europeo prohibió el acceso de los grupos de presión de Huawei a sus instalaciones, tras revelarse presuntas prácticas de soborno y actividades de lobby cuestionadas dentro de la Eurocámara.
En este contexto, la cancelación del contrato en España se suma a un mosaico de restricciones diplomáticas, comerciales y tecnológicas que reflejan la creciente pugna entre China y Occidente por el control de la infraestructura digital y el dominio estratégico de las telecomunicaciones.
