El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes la liberación del expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, tras considerar que la orden de arresto domiciliario en su contra vulneró sus derechos fundamentales.
Uribe había sido condenado el 1 de agosto a 12 años de arresto domiciliario por soborno y manipulación de testigos, en un caso relacionado con presuntos vínculos con grupos paramilitares en la década de 1990. La juez Sandra Heredia argumentó en su momento que la medida era necesaria para “preservar la convivencia pacífica”, pero el tribunal de apelaciones determinó que su razonamiento fue insuficiente y violó la presunción de inocencia del exmandatario.
La defensa de Uribe alegó que la orden desconocía el debido proceso y el derecho a la igualdad ante la ley. El tribunal coincidió, señalando que no existían pruebas concretas de que el expresidente intentara fugarse del país, pese a sus frecuentes viajes al extranjero durante el proceso judicial.
El caso se originó en 2012, cuando Uribe denunció por difamación al senador Iván Cepeda, quien lo había vinculado con la creación del Bloque Metro, un grupo paramilitar. Sin embargo, la Corte Suprema desestimó la denuncia y abrió una investigación contra Uribe, a quien la Fiscalía acusa de intentar manipular a exparamilitares presos para que modificaran sus declaraciones.
La figura del exmandatario, que gobernó entre 2002 y 2010, divide a la opinión pública colombiana. Para algunos, fue clave en debilitar a las FARC y evitar que Colombia se convirtiera en un “Estado fallido”; para otros, su gobierno está asociado a violaciones de derechos humanos, como los llamados “falsos positivos”, en los que miles de civiles fueron asesinados por militares y presentados como guerrilleros.
El Tribunal Superior tiene hasta mediados de octubre para emitir un fallo definitivo sobre la apelación de Uribe, en un caso que mantiene en tensión al país y genera repercusión internacional.