La Audiencia Nacional abrió este martes diligencias previas por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el ministro de Exteriores, Israel Katz, y varios altos mandos militares, a raíz del asalto al barco humanitario Madleen, que se dirigía hacia Gaza con ayuda para la población civil.
La decisión fue adoptada por el juez del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, al considerar que los hechos denunciados podrían revistir carácter delictivo.
La querella fue presentada el pasado 3 de julio por el activista español Sergio Toribio, único ciudadano español a bordo del Madleen, junto al Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, que actúa como acusación popular. Ambos están representados por los abogados Jaume Asens y Endika Zulueta.
Abordaje en aguas internacionales
Según el escrito, el 1 de junio, el buque fue interceptado en aguas internacionales por la unidad de élite israelí Shayetet 13, que habría utilizado drones, armas de fuego y gases lacrimógenos contra la tripulación y los pasajeros.
Los doce activistas a bordo —entre ellos, el propio Toribio, la activista sueca Greta Thunberg y la candidata de Sumaral Parlamento Europeo, Rima Hassan— fueron detenidos, interrogados y posteriormente deportados por las autoridades israelíes.
La querella sostiene que la retención fue ilegal y constituyó una vulneración de derechos fundamentales, además de enmarcarse en un contexto de graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario, lo que justificaría la aplicación del principio de jurisdicción universal por parte de la justicia española.
Piden órdenes de detención internacional
Los querellantes solicitan que se emitan órdenes de detención internacional contra Netanyahu y el resto de responsables, así como que se colabore con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que ya solicitó una orden de arresto contra Netanyahu por crímenes en Gaza.
“La justicia española tiene mecanismos para investigar cuando hay víctimas nacionales. Nada impide que, en el transcurso del procedimiento, el caso sea coordinado con la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional”, afirmó Jaume Asens.
