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BCRD presenta propuesta para regular y modernizar los sistemas de pago en RD

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El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) presentó este lunes una propuesta de modificación al reglamento de sistemas de pago, la cual estará abierta a consultas públicas por 30 días, a fin de recibir observaciones de los sectores involucrados.

El objetivo principal del proyecto es actualizar el marco normativo que regula el Sistema de Pago y Liquidación de Valores (Sipard), adaptándolo a la realidad digital actual y fortaleciendo el marco jurídico vigente.

Principales cambios propuestos:

  • Obligación de transparencia: Todos los proveedores de servicios de pago deberán reportar al Banco Central las comisiones y tarifas que aplican, además de mantenerlas publicadas y actualizadas en sus sitios web.
  • Impulso al pago electrónico: Se requerirá la generación obligatoria de códigos QR para facilitar pagos electrónicos, y se establecerán parámetros específicos para operar con el nuevo sistema de pagos instantáneos que pondrá en marcha el BCRD.
  • Mayor supervisión:
    • Los administradores de sistemas de pago o de liquidación de valores deberán firmar un contrato formal con el BCRD antes de operar.
    • Los servicios de adquirencia de operaciones transfronterizas estarán sujetos a nuevos requisitos normativos, y sus pasarelas de pago deberán ser previamente aprobadas por la entidad.
    • Las empresas que deseen operar como billeteras digitales o como iniciadores de pagos deberán registrarse ante el BCRD y cumplir con estándares societarios, tecnológicos y operativos.

Nuevos términos y figuras legales

La reforma introduce conceptos clave del entorno de pagos modernos, como:

  • Billetera digital
  • Iniciación de pagos
  • Pagos móviles
  • Sistema de gestión de pagos instantáneos

Además, se permitirá que los proveedores de servicios de pago puedan constituirse como Sociedades Anónimas Simplificadas (S.A.S.), lo cual representa una novedad en el reglamento actual.

Plazos

De ser aprobadas, las entidades sujetas a esta normativa dispondrán de un plazo de 120 días para adecuarse a los nuevos requerimientos.