Caso judicial reabre debate sobre límites de la libertad de expresión en entornos digitales.
La abogada y exviceministra de Medio Ambiente, Milagros Marina De Camps Germán, presentó este 24 de enero de 2025 una querella formal ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional contra Ángel Ramón Martínez Jiménez —conocido como «Detective Ángel»— y otros usuarios de redes sociales. La acción legal, respaldada por un equipo jurídico integrado por Amauris Vásquez Disla, Diana De Camps Contreras y otros destacados profesionales, acusa a los imputados de difamación agravada e injuria mediante una campaña sistemática de desprestigio.
Los fundamentos de la demanda
La querella, basada en los artículos 367 del Código Penal dominicano, la Ley 61-32 de Expresión del Pensamiento y la Ley 53-07 sobre Delitos Tecnológicos, denuncia la publicación de contenidos virales que incluyen imágenes alteradas, afirmaciones falsas y un lenguaje despectivo dirigido a vulnerar la dignidad de De Camps Germán. Según el escrito, estas acciones —difundidas masivamente en plataformas digitales— constituyen un «uso malicioso de la libertad de expresión», al priorizar el odio y la manipulación sobre el debate público legítimo.
Indemnización con fines ambientales
Además de solicitar sanciones penales, la demanda exige una compensación económica de RD$10 millones, cuyo destino sería el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Este aspecto subraya el enfoque de la querellante: vincular la reparación del daño moral con un beneficio colectivo en materia ecológica.
El contexto nacional: redes sociales vs. derechos fundamentales
El caso ha reavivado el debate sobre la regulación de contenidos digitales en República Dominicana. El equipo legal de De Camps Germán argumenta, citando jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que las plataformas virtuales «no son zonas francas para la impunidad», sino espacios sujetos a responsabilidad civil y penal. «Este proceso trasciende a un individuo: define los límites éticos que nuestra sociedad debe proteger», señalaron los abogados en un comunicado.
Detenciones y medidas cautelares
En un giro relevante, Ángel Martínez fue detenido este lunes en Puerto Plata mientras intentaba abordar un crucero, tras órdenes de la Fiscalía del Distrito Nacional. Las autoridades le impusieron presentación periódica y prohibición de salida del país, medidas que reflejan la gravedad atribuida a los presuntos delitos. Martínez había circulado videos retando a su arresto, previo al inicio formal del proceso judicial.
Próximos pasos
El Ministerio Público iniciará en las próximas semanas la fase investigativa, que podría incluir solicitudes de medidas de coerción adicionales. Este caso, que combina derecho penal, tecnología y ética pública, se perfila como un precedente crucial para definir responsabilidades en la era del contenido viral.
