La reciente deportación de cientos de migrantes venezolanos a El Salvador y Honduras ha desatado una ola de críticas de organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigración, quienes cuestionan los criterios utilizados por las autoridades para identificar supuestos miembros de pandillas.
El caso de Neri José Alvarado Borges, un venezolano de 24 años deportado a El Salvador, ha ganado atención mediática después de que su familia afirmara que fue erróneamente clasificado como miembro del Tren de Aragua debido a sus tatuajes, que en realidad representan símbolos de concienciación sobre el autismo.
"Mi hermano tiene un tatuaje con el nombre de nuestro hermano menor autista y otro con una cinta arcoíris que simboliza la aceptación del autismo," explicó Lisbengerth Montilla, hermana de Alvarado Borges. "Ninguno de estos tatuajes tiene relación con pandillas, pero para las autoridades de inmigración cualquiera con un tatuaje parece estar conectado al Tren de Aragua."
Según Montilla, su hermano había sido estudiante de psicología en Venezuela antes de emigrar a Estados Unidos hace nueve meses debido a la crisis económica. En Dallas, había establecido una vida estable trabajando en una panadería local y no tiene antecedentes penales.
"Muchos venezolanos hemos venido aquí debido a la situación en nuestro país," añadió Montilla. "Hubo momentos en los que ni siquiera teníamos comida para comer. Muchas personas huyeron debido a la dictadura en Venezuela, buscando un futuro mejor."
El caso de Alvarado Borges no es aislado. Luis Carlos José Marcano Silva, un barbero venezolano de 26 años, también fue deportado a El Salvador tras una audiencia de inmigración en Miami. Su familia asegura que los tatuajes que motivaron su deportación incluyen el rostro de Jesús, el símbolo del infinito y el nombre de su hija, Adelys.
Abogados de inmigración han expresado preocupación por lo que describen como un patrón de identificaciones erróneas. "Estamos viendo casos donde elementos culturales, religiosos o personales están siendo malinterpretados como símbolos de pandillas," comentó Elena Vargas, abogada de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes. "Esto plantea serias dudas sobre los protocolos de identificación que se están utilizando."
La administración ha defendido las deportaciones, insistiendo en que forman parte de una estrategia más amplia para combatir la influencia del Tren de Aragua, una organización criminal transnacional que ha expandido su presencia en varios países latinoamericanos y, según funcionarios de seguridad, ha intentado establecerse en ciudades estadounidenses.
Sin embargo, un juez federal había emitido una orden temporal suspendiendo estas deportaciones hasta que se realizaran audiencias individuales adecuadas. Defensores de derechos civiles han presentado recursos legales argumentando que las deportaciones ejecutadas a pesar de esta orden judicial violan principios constitucionales fundamentales.
Mientras tanto, familias como la de Alvarado Borges intentan localizar a sus seres queridos en El Salvador, un país donde la mayoría de estos venezolanos deportados no tienen conexiones ni redes de apoyo, lo que aumenta su vulnerabilidad.
Organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado para que se revisen los casos individualmente y se establezcan criterios más precisos para la identificación de presuntos miembros de pandillas, asegurando que símbolos culturales, religiosos o relacionados con causas sociales no sean malinterpretados en el futuro.
