Donald Trump firmó este jueves una orden ejecutiva para iniciar el desmantelamiento del Departamento de Educación, un paso sin precedentes en la historia moderna que cumple una ambición conservadora de décadas, aunque genera profunda incertidumbre para millones de estudiantes, padres y escuelas públicas en todo el país.
Una medida sin precedentes con limitaciones claras
La orden instruye a la secretaria de Educación, Linda McMahon, a "tomar todas las medidas necesarias para facilitar el cierre del Departamento y devolver la autoridad educativa a los estados". Sin embargo, los propios funcionarios de Trump reconocen que la eliminación completa de esta agencia federal, creada en 1979, requeriría aprobación del Congreso, votos con los que actualmente no cuentan.
"Vamos a cerrarlo, y cerrarlo lo más rápido posible", declaró Trump en la Sala Este de la Casa Blanca, durante una ceremonia escenificada con escolares uniformados sentados en pupitres escolares.
Confusión sobre funciones críticas
El alcance exacto del desmantelamiento ha generado mensajes contradictorios dentro de la administración. Mientras la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, indicó que ciertas "funciones críticas" como préstamos estudiantiles y subvenciones para estudiantes en riesgo continuarían bajo el paraguas departamental, Trump afirmó que estas responsabilidades serían "redistribuidas a otras agencias y departamentos que las gestionarán adecuadamente".
Esta discrepancia complica la labor de McMahon, quien debe equilibrar la implementación de la orden presidencial con su obligación legal de cumplir funciones mandatadas por el Congreso, incluyendo la administración de una cartera de deuda estudiantil que alcanza los 1,8 billones de dólares.
Justificación y alcance
Trump justificó la medida citando la necesidad de devolver el control educativo a nivel local y criticó los resultados académicos estadounidenses en comparación con Europa y China, pese al elevado gasto por estudiante.
Aunque casi todo el financiamiento escolar proviene de fuentes estatales y locales, el Departamento gestiona fondos federales cruciales como los destinados a estudiantes con discapacidades (ley IDEA), escuelas en zonas de alta pobreza (Título I) y programas de ayuda financiera como las Becas Pell.
Impacto inmediato y reacciones
El efecto de la orden ya se hace sentir: casi la mitad de los empleados departamentales han recibido notificaciones de posibles despidos. Tras el anuncio, algunos trabajadores fueron instruidos a recoger sus pertenencias en un plazo de 30 minutos.
Los sindicatos docentes han condenado enérgicamente la acción. Becky Pringle, presidenta de la Asociación Nacional de Educación, advirtió que la medida perjudicará a estudiantes con "clases masificadas, menos apoyos educativos y derechos civiles debilitados".
Perspectivas futuras
Como muchas acciones ejecutivas de Trump, esta orden probablemente enfrentará desafíos legales significativos. No obstante, el presidente mantiene su compromiso con la promesa de campaña de reducir la influencia federal en educación, vinculándola a debates culturales sobre contenidos escolares.
En un gesto conciliador hacia los educadores, Trump expresó: "No me importa si están sindicalizados o no. Vamos a apoyar a nuestros profesores", aunque esta declaración contrasta con la postura crítica de su administración hacia los sindicatos educativos.
