La sombra del 8 de enero de 2023 —cuando hordas bolsonaristas invadieron el Congreso, el Palacio de Planalto y el Supremo— vuelve a ensombrecer a Jair Bolsonaro. Este martes, la Fiscalía General de Brasil presentó una denuncia formal contra el expresidente y 33 cómplices —militares, exministros y aliados— por intentar un "golpe de Estado" tras perder las elecciones de 2022 contra Lula da Silva. Entre los cargos: "tentativa de abolición violenta del Estado Democrático", "organización criminal armada" y un macabro plan para asesinar al líder progresista mediante "envenenamiento".
El expediente golpista: Decretos, veneno y un Supremo bajo amenaza
Según la investigación, Bolsonaro y su exministro Walter Braga Netto —cerebro operativo de la trama— revisaron borradores de decretos para declarar "estado de sitio", anular los comicios e intervenir la Justicia Electoral. Testigos revelaron que el líder ultraderechista "tuvo pleno conocimiento" de un plan de militares díscolos para eliminar a Lula y otras figuras clave. Aunque el envenenamiento no se ejecutó, el 8 de enero miles de seguidores, azuzados por teorías de fraude, atacaron las instituciones en un último intento por forzar una intervención militar.
Los implicados:
- Walter Braga Netto: Exministro de Defensa y candidato a vicepresidente en 2022.
- Almir Garnier Santos: Excomandante de la Marina.
- Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira: Generales retirados del gabinete bolsonarista.
La Justicia en la mira: Un Supremo progresista contra el "mito"
El caso llegará a la Primera Sala del Supremo, dominada por magistrados progresistas:
- Alexandre de Moraes: Juez relator, blanco de amenazas bolsonaristas por fiscalizar las elecciones de 2022.
- Cristiano Zanin: Exabogado personal de Lula, designado por el mandatario en 2023.
- Flávio Dino: Exministro de Justicia de Lula, crítico férreo de Bolsonaro.
Si la Corte acepta la querella, Bolsonaro podría enfrentar prisión. Pero el camino es largo: el expresidente ya acumula otras causas, como el escándalo de joyas regaladas por Arabia Saudita (que desvió a su patrimonio) y el fraude en su carné de vacunación COVID. Además, la Justicia Electoral lo inhabilitó hasta 2030 por "deslegitimar la democracia".
Las pruebas clave:
- Documentos golpistas: Borradores de decretos hallados en allanamientos.
- Testimonios: Excolaboradores confirmaron reuniones secretas para fraguar el golpe.
- Chats cifrados: Militares y asesores discutían cómo mantener a Bolsonaro en el poder.
Reacciones: ¿Justicia o persecución política?
Los bolsonaristas tildan la denuncia de "teatro político", mientras el ala progresista celebra un "paso histórico". Para Lula, es la confirmación de que "la democracia venció al autoritarismo". Pero en las calles, la polarización persiste: mítines a favor de Bolsonaro en São Paulo contrastan con pancartas de "Golpista a la cárcel" en Brasilia.
¿Y ahora?
El Supremo tiene la palabra. Mientras, Bolsonaro —aislado en su búnker de Orlando, Florida— insiste en su inocencia. Pero los fantasmas del 8 de enero, las joyas saudíes y las vacunas falsas no le dan tregua. Brasil, en vilo, observa si la justicia escribirá el epílogo de una era marcada por caos, negacionismo y un Capitolio en llamas.
