WASHINGTON D.C.— En una de sus primeras acciones como presidente reinstalado en la Casa Blanca, Donald Trump lanzó este jueves un paquete de medidas drásticas contra la migración irregular, apuntando directamente a las ciudades santuario y reactivando políticas de su primer mandato que habían sido desmanteladas por su predecesor, Joe Biden. Las órdenes ejecutivas firmadas por el republicano no solo reavivaron el debate nacional sobre inmigración, sino que desataron una inmediata ola de rechazo legal y protestas en ciudades gobernadas por demócratas, donde líderes locales prometieron resistir lo que calificaron como “un ataque a los valores estadounidenses”.
La pieza central de la ofensiva es una orden titulada “Protección del pueblo estadounidense contra la invasión”, que amenaza con retirar fondos federales a ciudades que limiten la cooperación con las autoridades migratorias. Entre los primeros blancos está Los Ángeles, donde una ley aprobada en 2023 prohíbe usar recursos municipales —desde bases de datos hasta patrullas— para detener o deportar migrantes. “No somos santuario por capricho, sino porque protege a nuestras familias. Sin estas políticas, el miedo paralizaría a comunidades enteras”, afirmó la alcaldesa Karen Bass, cuyo portavoz advirtió que la ciudad “no dará ni un paso atrás” pese al riesgo de perder millones en subsidios para transporte y salud.
Pero Trump, quien durante su campaña prometió “la mayor operación de deportación de la historia”, fue más allá. En un discurso cargado de retórica belicista, el mandatario ordenó reanudar la construcción del muro fronterizo con México —un emblema de su primera administración—, desplegar 15,000 soldados en la frontera sur y suspender temporalmente el programa de admisión de refugiados, incluyendo a quienes huyen de conflictos como la guerra en Ucrania. “Estamos bajo invasión, y solo los fuertes sobrevivirán”, declaró, repitiendo su controvertida afirmación de que los migrantes “envenenan la sangre de la nación”.
La respuesta no se hizo esperar. California, junto a otros once estados gobernados por demócratas, presentó una demanda federal argumentando que la orden sobre ciudades santuario viola la Décima Enmienda, que reserva poderes no delegados a los estados. “Es un abuso de autoridad. Trump quiere convertir al gobierno federal en un brazo de sus políticas xenófobas”, acusó el fiscal general estatal, Rob Bonta. No es la primera vez que la Corte se pronuncia sobre este tema: en 2017, un juez bloqueó una medida similar de Trump, calificándola de “extorsión inconstitucional”.
Mientras la batalla legal se inicia, las calles ya reflejan la tensión. En ciudades como Chicago y Denver, organizaciones proinmigrantes anunciaron movilizaciones masivas para este fin de semana. “Esto no es solo sobre deportaciones: es sobre si Estados Unidos seguirá siendo un refugio para los perseguidos”, dijo María García, directora de la Coalición por los Derechos Migrantes, en un mitin frente al Ayuntamiento de Los Ángeles. Pero del otro lado, grupos conservadores como Fronteras Seguras celebraron las medidas. “Por fin alguien defiende a los ciudadanos legales”, afirmó Mark Johnson, uno de sus portavoces, en una entrevista con Fox News.
El impacto humano de estas políticas ya se siente en comunidades como Springfield, Ohio, donde miles de haitianos revitalizaron fábricas abandonadas durante la pandemia. Jean Pierre, un líder comunitario, teme que la suspensión del programa de refugiados deje en limbo a familias que huyeron de pandillas y desastres naturales. “Nos acusan de cosas absurdas, como comer mascotas, pero nosotros levantamos esta ciudad”, dijo, mostrando fotos de un taller textil que emplea a 200 personas. Según datos federales, el 85% de los refugiados haitianos en el estado tienen empleos formales.
En el ámbito internacional, las medidas generaron fricciones con México y Canadá. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, calificó el despliegue militar en la frontera de “provocación innecesaria”, mientras Ottawa expresó preocupación por la suspensión de visas de refugiados, que afecta a programas bilaterales.
Expertos ven en estas acciones un guiño a la base más dura de Trump, pero también un riesgo. “El tema migratorio moviliza a ambos bandos. Para 2026, esto podría definir elecciones clave en estados como Texas o Arizona”, señaló la analista política Linda Martínez. Mientras, en barrios como Pilsen, en Chicago, familias indocumentadas viven entre la esperanza y el temor. “Llevo 15 años aquí. Mi hija está enferma y depende de un hospital público. Si quitan los fondos, ¿la dejarán morir por mi estatus?”, preguntó Rosa Méndez (nombre cambiado), mientras abrazaba a la niña en un centro comunitario.
Con tribunales, calles y urnas como campos de batalla, la guerra de Trump contra las ciudades santuario no es solo una disputa legal: es un capítulo más en la lucha por definir qué —y quiénes— constituyen el alma de Estados Unidos.
