La tensión en Cotuí ha escalado debido a las protestas contra el proyecto minero Barrick Pueblo Viejo, que planea construir una nueva presa de cola en Zambrana. Este proyecto requiere el desalojo de unas 850 familias de las comunidades de El Higo, El Rayo y Las Tres Bocas, históricamente dedicadas al cultivo de cacao.
Las manifestaciones iniciaron de forma pacífica, pero se tornaron violentas el 8 de enero, cuando las autoridades dispersaron a los manifestantes utilizando armas, dejando varios heridos. Estas acciones han generado críticas y han incrementado la presión para que el Gobierno intervenga.
Los residentes rechazan el reasentamiento, alegando que las condiciones ofrecidas por Barrick Gold no son justas. Además, con el reciente aumento del precio del cacao en el mercado internacional, exigen acuerdos más favorables. El diputado José Alberto Jiménez, de la Fuerza del Pueblo, ha pedido al presidente Luis Abinader garantizar un proceso transparente y equitativo para las familias afectadas.
Riesgos ambientales
Expertos, como Fernando Peña de la UASD, han advertido sobre el impacto ambiental de la nueva presa de cola, señalando riesgos de contaminación por desechos tóxicos y posibles desastres en caso de colapso, que afectarían incluso a comunidades como Nagua. A pesar de estudios técnicos presentados por los residentes, ni la empresa ni el Gobierno han dado respuestas concretas.
Gobierno busca diálogo
El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, anunció que se convocará un diálogo entre Barrick Gold y las comunidades afectadas, con el objetivo de garantizar compensaciones justas y evitar más conflictos. Santos aseguró que los incidentes del 8 de enero no se relacionaron con desalojos, sino con la protección de los equipos técnicos en la zona.
Santos destacó la importancia del sector minero para la economía nacional y reafirmó su compromiso de mediar para lograr una solución pacífica que beneficie a todas las partes.
