La procuradora general instruye una investigación exhaustiva sobre títulos fraudulentos y delitos ambientales en el Parque Nacional Jaragua, Valle Nuevo, Dunas de Baní y otros ecosistemas clave. El equipo, coordinado por Wilson Camacho, tratará estos crímenes con la misma rigurosidad que el crimen organizado
En un movimiento que eleva la protección ambiental al nivel de las grandes investigaciones criminales, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó este domingo la realización de una investigación exhaustiva e inmediata sobre las afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país.
La instrucción abarca, entre otros, los siguientes espacios naturales:
- Parque Nacional Jaragua
- Zona de Bucanyé
- Valle Nuevo
- Dunas de Baní
- Sierra de Bahoruco
- Parque Nacional Hoyo del Pino
Una fuerza de tarea de alto nivel
Con el objetivo de desarticular posibles entramados criminales, la magistrada designó una fuerza de tarea especialconformada por titulares de áreas especializadas del Ministerio Público, bajo la coordinación del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución.
El equipo investigador está integrado por:
- Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)
- Francisco Contreras, de la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Proedemaren)
- Ramona Nova, de la Procuraduría Especializada Anti-Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Ana Burgos, responsable de la Unidad de Investigación Inmobiliaria
- Gedeón Platón Bautista Liriano, abogado del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria del Departamento Central
El alcance: más allá de los títulos, hacia las redes criminales
La instrucción de la procuradora establece que las indagatorias deben extenderse a:
"Todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan dado lugar a la expedición de títulos de propiedad o acciones privadas que afecten la integridad de estas áreas protegidas" .
El objetivo es claro: determinar la existencia de entramados criminales, corrupción, falsificación o prevaricación que hayan facilitado el apoderamiento de patrimonio público natural.
Un censo del daño: los 134 espacios del SINAP bajo la lupa
Además, la procuradora dispuso que la fuerza de tarea realice, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos medioambientales en los 134 espaciosque conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) .
La motivación: proteger el agua, el suelo y el futuro
Al justificar la decisión, Yeni Berenice Reynoso fue enfática:
"La conservación y preservación de las áreas protegidas, representativas de los diferentes ecosistemas y del patrimonio natural y cultural de la República Dominicana, aseguran la permanencia y optimización de los servicios ambientales y económicos que estos ecosistemas ofrecen o puedan ofrecer a la sociedad dominicana en las presentes y futuras generaciones" .
La acción se enmarca en una serie de medidas estratégicas del Ministerio Público para fortalecer la persecución de delitos ambientales que impactan áreas de conservación clave para:
- La seguridad hídrica de toda la población.
- Las actividades productivas que garantizan la sostenibilidad del país.
- El desarrollo socioeconómicosostenible.
Un cambio de enfoque: el ecocidio como crimen organizado
El Ministerio Público explicó que esta instrucción conlleva un nuevo reenfoqueestructural:
"Los delitos ecológicos, por su lesividad para todo el tejido social, deben ser tratados con la misma rigurosidad que el crimen organizado, dado su impacto, muchas veces irreversible, para las presentes y futuras generaciones" .
Conclusión: blindar el pulmón de la nación
Lo que está en juego no son solo metros cuadrados de tierra, sino el agua que beberán los dominicanos del mañana, la biodiversidad que define el paisaje y el derecho de las futuras generaciones a heredar un país habitable.
Con esta fuerza de tarea, la Procuraduría envía un mensaje inequívoco: quien ocupe, titule o destruya ilegalmente un área protegida será perseguido con la misma intensidad que un narcotraficante o un corrupto. Porque, al final, no hay mayor crimen que robarle el futuro a un país.
