El Gobierno del expresidente Donald Trump acumula cada vez más demandas derivadas de redadas migratorias que, según denuncias, terminaron con la detención e incluso agresiones a ciudadanos y residentes legales de Estados Unidos. Algunas de estas querellas reclaman indemnizaciones millonarias, de hasta 50 millones de dólares, por violaciones a los derechos constitucionales.
Uno de los casos más sonados es el de Leonardo García Venegas, un trabajador de la construcción en Alabama, detenido en dos ocasiones pese a ser ciudadano estadounidense. Representado por el Institute for Justice, García Venegas alega que ambas detenciones fueron “irrazonables” y violaron la Cuarta Enmienda, que protege contra arrestos y registros sin causa probable.
La primera detención ocurrió en mayo, cuando agentes enmascarados irrumpieron en una obra. A pesar de identificarse como ciudadano y mostrar su tarjeta REAL ID, fue derribado, esposado y retenido durante una hora. En junio volvió a ser detenido en circunstancias similares, esta vez liberado veinte minutos después, junto con otros residentes legales. Su demanda, presentada como una acción colectiva, incluye 19 casos similares de trabajadores que aseguran haber sufrido abusos durante las redadas.
Otro caso que ha generado indignación es el de Rafie Ollah Shouhed, un hombre de 79 años, dueño de un lavadero de autos en Los Ángeles. En septiembre, fue presuntamente golpeado y arrojado al suelo por agentes migratorios enmascarados, a pesar de estar en plena recuperación de una cirugía de corazón. Cámaras de seguridad muestran cómo fue inmovilizado con violencia, sufriendo fracturas y traumatismo craneoencefálico, mientras suplicaba por atención médica.
Las demandas, que se multiplican en diferentes estados, ponen bajo la lupa la legalidad de las redadas migratorias y reavivan el debate sobre los abusos de poder en los operativos de seguridad. Ahora será la justicia la que determine si el Gobierno Trump deberá rendir cuentas por las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra ciudadanos a los que, paradójicamente, debía proteger.
