Proyecto piloto en San Pedro de Macorís busca equilibrar cultura y convivencia urbana.
El Senado dominicano analiza una iniciativa legislativa para crear áreas designadas donde se permitirá la reproducción de música a alto volumen, bajo un marco regulatorio que priorice el orden público y la salud comunitaria. La propuesta, impulsada por la senadora Aracelis Villanueva (San Pedro de Macorís), plantea un plan piloto en esta provincia oriental, coordinado por la alcaldía local y los ministerios de Interior y Medio Ambiente, antes de una posible expansión nacional.
Claves del proyecto
- Ubicación estratégica: Las zonas quedarán fuera de radios escolares, hospitalarios, religiosos y residenciales densos.
- Infraestructura controlada: Requerirán sistemas de seguridad, control de acceso y horarios establecidos (no especificados en el borrador).
- Sanciones rigurosas: Multas de 5 a 50 salarios mínimos, suspensión de permisos e incautación de equipos por incumplimientos.
Educación y cultura:
El Ministerio de Cultura, en alianza con gobiernos locales, promoverá talleres de "uso responsable del sonido" y actividades artísticas en estos espacios. "No se trata solo de tolerar el volumen, sino de educar en el respeto al espacio compartido", señala el artículo 5 del texto.
Puntos críticos sin definir:
La iniciativa —de 13 artículos— no aclara qué entidad autorizará las áreas ni establece parámetros técnicos (como decibelios máximos). Tampoco define el rol de los llamados musicólogos, figura mencionada pero no detallada.
Contexto legislativo:
El proyecto está en evaluación en la Comisión de Interior y Policía. De avanzar, requerirá dos lecturas en el Senado antes de pasar a la Cámara de Diputados, donde ya se discute una propuesta similar. Este doble impulso refleja la presión por regular un conflicto recurrente: en 2023, el Ministerio de Medio Ambiente recibió 1,450 denuncias por contaminación sonora.
Voces y próximos pasos:
Mientras grupos culturales celebran la iniciativa como "un paso hacia la democratización del arte", asociaciones de vecinos exigen precisiones. "Sin estándares claros, esto podría agravar el problema", advierte Ana López, presidenta de la Federación Urbana Nacional.
El Ministerio de Interior tiene 60 días, tras la aprobación, para presentar un protocolo de implementación. San Pedro de Macorís servirá como termómetro: si el piloto logra conciliar merengue callejero con sueños tranquilos, el modelo podría replicarse.
