La República Dominicana fue ascendida al nivel 2 en el informe anual del Departamento de Estado sobre trata de personas, un reconocimiento a los avances legislativos realizados —como la modificación de la Ley 137-03 para facilitar la persecución de delitos con menores— pero que mantiene al país por debajo de los estándares mínimos requeridos para la erradicación del flagelo.
El documento reconoce los esfuerzos del gobierno dominicano, aunque advierte que las acciones para investigar la trata laboral e identificar víctimas siguen siendo insuficientes. Asimismo, señala que la falta de documentación para personas apátridas —quedando en situación de mayor vulnerabilidad— y las limitaciones en la identificación de posibles víctimas antes de su deportación dificultan el combate efectivo de este delito.
La reclasificación refleja un progreso significativo en el marco legal, aunque evidencia persistentes desafíos operativos y de protección a grupos vulnerables.
